Tribunales

Ábalos se querella contra las autoras de la auditoría de Puente

Denuncia que el informe que derivó en su imputación "carece de causa y justificación legítima" y pide que se les impute por los delitos de falsedad documental y falso testimonio de perito

Ábalos, sobre si se benefició de 'mordidas': "Si hubiera cobrado, estaría en alguna parte"
Ábalos, sobre si se benefició de 'mordidas': "Si hubiera cobrado, estaría en alguna parte"Europa Press

El exministro José Luis Ábalos ha interpuesto hoy una querella por "falsedad documental" y "falso testimonio de perito" contra las autoras de la auditoría del Ministerio de Transportes sobre la compra de mascarillas en pandemia que derivó en su imputación en el "caso Koldo".

En la querella, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, Ábalos se querella contra Belén Villar Sánchez, quien fue jefa de Gabinete del subsecretario del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Jesús Manuel Gómez, hasta marzo de 2022 y que actualmente es la directora general de Organización e Inspección y "a quien se le encarga y bajo cuya dirección se realiza el "Informe resultante de la auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible". Junto a ella, también se querella contra Belén Roel de Lara, "persona que elabora y firma el informe".

También denuncia que "la decisión del actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ordenando la realización de esta auditoría, carece de justificación alguna" porque "su proyección no fue el control interno", sino "la inmediata difusión de sus conclusiones pretendiendo mostrar a la opinión pública transparencia, distancia y alejamiento de los anteriores responsables del Ministerio".

Al mismo tiempo, añade que "no es una Auditoría, no cumple el mínimo estándar que integre tal actuación en el ámbito de una organización en cuanto a revisión y análisis de procedimientos no integrando el mínimo criterio de

imparcialidad".

Y critica que, "bajo la cobertura de una actividad legitima de toda administración como es analizar sus procedimientos lo que se hace es atribuirse funciones propias del órgano fiscalizador de las cuentas públicas".

"Investigación paralela e ilegítima"

En relación al citado informe, la querella de Ábalos denuncia que "aborda una investigación paralela y se hace de forma ilegitima", justificándolo en que "cualquier actuación administrativa queda paralizada por la actuación

judicial, de tal modo que la iniciativa del expediente una vez judicializada la investigación carece de toda cobertura y se atisba con el evidente ánimo de influir en la que estaba en trámite ante la Audiencia Nacional".

Para justificar su querella, Ábalos se apoya en varias informaciones publicadas en este periódico: El audio de un ex alto cargo sobre el caso Koldo: "Están encubriendo a mucha gente", Los cuatro meses de silencio de Óscar Puente tras la denuncia a su alto cargo o Un "grupo organizado" en el Ministerio con colaboradores que ganan más de 60.000 euros al año.

Todo para, a modo de conclusión, insistir en que el citado informe "carece de causa y justificación legítima, y revela un propósito manifiesto: dirigir de forma deliberada la responsabilidad hacia D. José Luis Ábalos Meco". "Lejos de responder a un interés objetivo o técnico, se elabora cuatro años después con la intención de encapsular la responsabilidad exclusivamente en su persona y se hace justo en el momento del inicio del proceso judicial", apunta la querella.

Y va más allá al señalar que "los datos se presentan de manera sesgada, y aquellos que resultan desfavorables a la tesis preestablecida son omitidos o distorsionados, configurando una narrativa intencionadamente manipulada".

Por ello, además de la querella por falso testimonio de perito y falsedad documental, solicita que testifiquen nueve personas, entre ellas Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y Michaux Miranda, antiguo jefe de personal de ADIF, ambos imputados en el "caso Koldo".

En su cuenta de la red social X, Ábalos ha anunciado la querella y ha señalado que "la citada 'auditoría fue la base que sirvió para que el fiscal y el juez que instruyen el 'Caso Delorme' en el Juzgado Central de Instrucción nº 2 la Audiencia Nacional, dirigieran en octubre de 2024 su 'exposición razonada' a la Sala II del Tribunal Supremo que culminó con mi investigación".