El abogado del fiscal general del Estado ha reivindicado su inocencia y la necesidad de que tomara "las riendas de la situación" para desmentir la información publicada por el diario El Mundo acerca de que la institución ofreció un pacto de conformidad a Alberto González Amador. En su turno en el marco de la última sesión de juicio, el abogado general del Estado José Ignacio Ocio no solo ha defendido la actuación de Álvaro García Ortiz, sino que ha achacado "mala fe" al empresario y ha dicho que la única "filtración de la causa" la realizó Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

Ocio ha arrancado su exposición dando a entender que el correo que se intercambiaron el fiscal Julián Salto y el abogado Carlos Neira lo tenían una pluralidad de personas días antes de que lo recibiera García Ortiz en su cuenta personal de correo la noche del 13 de marzo. En concreto, ha dicho que 16 personas tenían acceso a la cuenta genérica de correo de la Fiscalía de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid a la que Neira envió el famoso "mail" reconociendo la comisión de dos delitos fiscales.

Del mismo modo, ha dicho que durante el procedimiento de visado de la respuesta de Salto pudieron tener acceso al expediente de González Amador más 520 personas que trabajan en la sede de la Fiscalía General, a los que ha añadido otros 200 empleados de los juzgados de Plaza de Castilla. Al respeto ha hecho hincapié en que "no hay ningún indicio ni ninguna prueba" de que la filtración la llevara a cabo el fiscal general.

"No podía esperarse al día siguiente"

Más bien al contrario, asegura que "lo más relevante" de todo este proceso que sienta en el banquillo al fiscal general es que "la única filtración" provino del entorno de la mandataria madrileña. En su opinión, la información que desveló El Mundo acerca de que la Fiscalía le ofrecía un pacto, merecía una corrección por cuanto que era falsa.

"La Fiscalía no va ofreciendo acuerdos en este sentido. Hay que poner en valor la dinámica de cuestionamiento que se estaba produciendo. Se dijo que un fiscal con nombre y apellidos ha ofrecido un pacto a una persona inocente para arrancarle una confesión con una motivación política", ha expuesto. En ese sentido, ha dicho que era necesario desmentirlo y que no se podía hacer "oídas"; motivo por el cual el fiscal general ordenó que le remitieran todos los correos del asunto.

Según ha dicho, se consideró necesario la elaboración de una nota de prensa a la que se tenían que incorporar los correos con las comunicaciones privadas entre Neira y Salto. "Se estaba instalando un relato que perjudicaba a la Fiscalía y eso se tenía que ataja de forma ágil. No puede esperarse para el día siguiente. El fiscal general tomó las riendas de la situación", ha asegurado.

"No ha recibido una instrucción del Gobierno"

En ese sentido, ha atribuido mala fe a González Amador por omitir en su querella, ha dicho, "datos relevantes" sobre la revelación del correo y ha insistido en que no hay "ninguna prueba" de que ese correo del 2 de febrero llegara a prensa porque así lo ordenara el máximo representante del Ministerio Público. Al contrario, ha considerado que los indicios que han llevado a García Ortiz al banquillo han sido "manoseados" por parte de las acusaciones.

Finalmente, ha denunciado que se han intentado "criminalizar" los cambios de teléfono por parte de García Ortiz pese a que ha quedado acreditado que cambia de terminal una vez al año y ha arremetido duramente contra la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Almudena Lastra, por insinuar que fue él quien filtró la comunicación del abogado del empresario. "Fueron conjeturas. La razón de su sospecha es una mala relación con la Fiscalía General. No puede darse otra explicación", ha sentenciado.

Es más, a lo largo de su intervención ha deslizado que el famoso correo del 2 de marzo en el que se reconoce la comisión de dos delitos fiscales no solo no provino de la Fiscalía General del Estado, sino que habría salido de la Fiscalía Superior de Madrid que dirige Lastra.

En último término ha dicho que no hay indicio alguno de que recibiera instrucciones de Moncloa para filtrar este correo. "Hay una serie de elementos extravagantes en este procedimiento, como es la ramificación de la vía Moncloa. No sabemos qué concreto comportamiento ha podido cometer mi representado, que no conoce a Pilar Sánchez Acerca, a Francesc Vallés, a Juan Lobato..." expuso su abogado para desvincularle de la supuesta operación política que habría dirigido Moncloa para que Lobato pudiera emplear el correo durante su intervención al día siguiente en la Asamblea regional contra la mandataria madrileña-.