Las acusaciones populares que litigan en el "caso Koldo" estudian solicitar prisión para José Luis Ábalos y Koldo García al término de los interrogatorios de la semana que viene. El futuro del exministro de Transportes y su mano derecha es una incógnita a medida que se acerca esta nueva comparecencia mientras crece el temor a que el magistrado Leopoldo Puente decida cambiarles las medidas cautelares y ordenar cárcel para ellos, como hizo para Santos Cerdán.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, analiza en estos momentos la postura a seguir durante las comparecencias de los dos investigados, aunque va a jugar un peso importante lo que ocurra dentro del Tribunal Supremo. En ese sentido, y como informó LA RAZÓN, por el momento hay cierre de filas y no se prevé que tiren de la manta o que carguen contra el PSOE.

Todo apunta a que Ábalos responderá a las preguntas del magistrado y de su defensa, aunque no lo hará para asumir responsabilidad penal alguna. En su última comparecencia, que tuvo lugar en junio, el exdirigente socialista también negó todas las irregularidades que se le atribuyen, aunque horas antes de declarar estuvo barajando muy seriamente alcanzar un pacto con la Fiscalía Anticorrupción y confesar los hechos.

Anticorrupción aguarda a escucharles

Koldo García impidió este movimiento en una reunión "in extremis" que tuvo lugar la víspera de su declaración en el despacho de la defensa letrada de Ábalos. El exasesor ministerial prefiere ganar tiempo y es más proclive a guardar silencio, según fuentes del entorno de ambos consultadas por este medio. De hecho, cabe recordar que la abogada de Koldo pidió hasta el último momento la suspensión de su anterior interrogatorio, pero el magistrado lo denegó. Una vez allí se acogió a su derecho a no declarar.

Sin embargo, esta nueva cita en el juzgado tiene un tinte diferente. Las fuentes consultadas por este medio explican que hay temor a un ingreso en prisión. Las defensas sostienen que no han cambiado las condiciones para que ahora les revoquen las medidas cautelares vigentes (retirada de pasaporte, prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado). Pero el magistrado deslizó en su auto de citación del pasado lunes que, tras escucharles, acordaría "lo que resulte procedente".

Por su parte, las acusaciones populares, comandadas por el Partido Popular, barajan pedir prisión. A su juicio, las circunstancias han cambiado y los indicios de criminalidad contra el exministro y su mano derecha se han reforzado, como así lo sostiene también el juez. En ese sentido, podrían solicitar al término de las declaraciones la conocida como "vistilla" para pedir prisión para ellos. Cabe recordar que esta petición es un requisito imprescindible para que el juez la acuerde, ya que él no puede actuar de oficio al respecto.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, aguarda a escucharles. Las fuentes consultadas por este medio explican que el objetivo es escuchar primero qué justificación dan sobre los ingresos no justificados que le atribuye a Ábalos el último informe de la UCO y el origen de los fondos percibidos por "terceros; entre ellos, el PSOE. A partir de lo que digan, todos los escenarios están abiertos; incluidas futuras imputaciones.

Ábalos estudia renunciar a su acta

Mientras tanto, Ábalos sopesa renunciar a su acta de diputado. Desde hace varios días su entorno le está aconsejando que renuncie al aforamiento dado que están a la espera de que el Tribunal Supremo dicte auto de procesamiento con la pieza separada de los contratos de mascarillas. Es más, no se descarta incluso que el magistrado Puente así se lo comunique con motivo de su comparecencia en el alto tribunal el próximo miércoles.

Si renuncia a su aforamiento la consecuencia inmediata sería que evitaría el procesamiento y, consecuentemente, sentarse en los próximos meses en el banquillo de los acusados por esta rama del caso Koldo. De hecho, el procedimiento volvería a su órgano de origen, la Audiencia Nacional, y el retorno implicaría una dilación en la instrucción.

Este tiempo es clave no solo para el exministro, sino también para el Gobierno de Pedro Sánchez ya que se evitaría la imagen de un exalto cargo del Ejecutivo socialista y "número tres" del aparato sentado en el banquillo de los acusados. Se trata de un escenario que favorecería claramente al PSOE y que, además, evitaría un adelanto electoral que se baraja en Moncloa precisamente para evitar acusar el desgaste de esta causa de corrupción.