Nunca había sucedido nada igual. Algo insólito en la historia de nuestra democracia que demuestra la rebelión del Poder Judicial contra la ofensiva de Pedro Sánchez. Por vez primera el máximo órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ, considera que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, no es «idóneo» para continuar en el cargo.

Un frontal rechazo que no tiene precedentes y supone un varapalo en toda regla contra la propuesta del gobierno para revalidar su cargo. El pleno del Consejo General del Poder Judicial tumbó su designación por mayoría de ocho votos frente a siete, en una de las sesiones más tensas que se recuerdan. La decisión se produce en medio de las polémicas que rodean a García Ortiz desde que accedió al Ministerio Público tras su antecesora y amiga Dolores Delgado, y cayó como una losa en la Fiscalía, dónde el malestar entre los profesionales de la Carrera es ya un clamor.

Por una parte le achacan escaso apoyo a los fiscales del Tribual Supremo que han intervenido en el juicio del «procés» y enorme tibieza ante las acusaciones de fines políticos en los procedimientos judiciales recogidas en el texto suscrito por el PSOE y JuntsxCat para respaldar la investidura de Pedro Sánchez.

La figura del Fiscal General quedó muy tocada tras la sentencia del Tribunal Supremo que criticaba duramente su decisión de ascender a Dolores Delgado como fiscal de Sala, máximo escalafón de la carrera, en la Fiscalía Togada del Alto Tribunal, y la calificó, también en un fallo inédito, como «desviación de poder». La sentencia anuló el ascenso de Delgado y supuso todo un revulsivo en el Ministerio Público, entre fuertes acusaciones contra los ascensos y nombramientos de García Ortiz, todos ellos pertenecientes a la Unión Progresista de Fiscales (UPF).

Si la gestión de su gran amiga y antecesora fue altamente polémica, la del sucesor no lo es menos, en un momento de gran tensión entre el gobierno de Pedro Sánchez y los jueces por la ley de la amnistía y lo que consideran una invasión a la independencia del poder judicial. Aunque el rechazo a García Ortiz no es vinculante, algunos vocales del CGPJ advierten con razón que «no es vinculante pero sí relevante», al tratarse de una figura que debe garantizar al máximo imparcialidad y neutralidad, algo que no detectaban en Lola Delgado y tampoco ahora en el actual Fiscal General del Estado.

Las reacciones no se hicieron esperar. Desde el Gobierno se lanza el mensaje de que la decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) carece de legitimidad al estar en funciones, casi cinco años después de haber caducado su mandato. En la Fiscalía de momento se guarda silencio, pero en el entorno de Álvaro García Ortiz rebajan la polémica y califican el tema como un «mero trámite» dentro del procedimiento para su reelección en el cargo, propuesta por el gobierno.

Con todo, el escándalo es mayúsculo y se añade a las fuertes tensiones entre el Ejecutivo y el Poder Judicial a raíz de las cesiones a los partidos independentistas exigidas para avalar la investidura de Pedro Sánchez.

La mayoría de los jueces opinan que se está quebrando el Estado de Derecho y la división de poderes con un asalto a las Instituciones. En el Ministerio Público el malestar ha ido creciendo desde aquella intervención televisiva en la que Sánchez admitió que la Fiscalía dependía del gobierno.

Por su parte, Álvaro García Ortiz aún no se ha pronunciado, pero la mayoría de los profesionales de la carrera denuncian su «servilismo» al Ejecutivo y falta de imparcialidad en el desempeño de sus funciones.

Álvaro García Ortiz nacido en Lumbrales, Salamanca, Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid, ingresó en la carrera fiscal en 1988 y tuvo su primer destino en Mahón, Menorca.

Con plaza en la Fiscalía de Santiago de Compostela, fue fiscal de Medio Ambiente en el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, donde en el año 2005 asumió la acusación pública del caso Prestige. Tras casi dos décadas dedicado al área medioambiental la entonces Fiscal General, Dolores Delgado, le ascendió a fiscal de Sala y le nombró jefe de su Secretaría Técnica, un cargo que ella misma creó para su amigo.

Después se convirtió en su sucesor y ambos nunca han ocultado su estrecha amistad. Al ser nombrado Fiscal General del Estado, durante su comparecencia en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, defendió con fervor la gestión de Dolores Delgado y el Partido Popular le acusó de ser «mano derecha, mano izquierda y alter ego» de su antecesora.

Ahora, tras la sentencia del Tribunal Supremo anulando el ascenso de Delgado y el rechazo del CGPJ a su reelección, la figura de Ortiz queda debilitada al ser el primer Fiscal General reprobado por el máximo órgano de gobierno de los jueces.

Salmantino, padre de dos hijos con su pareja, la también fiscal especializada en violencia de género, Pilar Fernández, es miembro de la Unión Progresista de Fiscales, la misma a la que pertenece Dolores Delgado, y ejerció la acusación popular en la tragedia del Prestige, un largo proceso que duró hasta ocho años y acabó con la condena a dos años de cárcel del capitán del barco.

En aquel proceso García Ortiz aseguró verse «desbordado ante la magnitud de la catástrofe». Durante su etapa como profesional en Galicia no dudó en acudir a algunos actos del Partido Socialista de esta comunidad, lo que le valió fuertes críticas del Partido Popular que siempre le acusó de cercanía al PSOE. Ahora, Álvaro García Ortiz está en la picota.