La amnistía ya tiene fecha para su tramitación: será en el Pleno del 12 de diciembre

El inicio de la tramitación de la amnistía ya tiene fecha: será en el primer Pleno ordinario de la legislatura, que se celebrará la semana que viene, entre el 12 y el 14 de diciembre. La ley se debatirá en el Pleno y se votará la toma en consideración, según se ha decidido en la Junta de Portavoces celebrada este martes, aunque en el PSOE aseguran que, al menos hasta febrero, no concluirá su tramitación parlamentaria en el Congreso: es decir, el recorrido irá más lento de lo previsto inicialmente por los impulsores y, probablemente, hasta finales de primavera (en torno a junio) no quedará aprobada del todo. Además, en la Junta de Portavoces también se ha incorporado el debate y votación de la creación de las tres comisiones de investigación exigidas por los independentistas para el Pleno de la semana que viene.

De esta manera, se ha puesto ya horizonte temporal a la amnistía, que es la ley que va a marcar la legislatura porque, de su tramitación y aplicación, va a depender la supervivencia del Gobierno del PSOE y Sumar. La semana que viene se votará la toma en consideración y, posteriormente (seguramente, la semana siguiente), se tendrá que celebrar un nuevo Pleno para que se voten las enmiendas a la totalidad (PP y Vox, previsiblemente, presentarán). Una vez superados estos dos plenos, la ley ya viajará a comisión para que ahí se debatan las enmiendas al articulado. La fase de enmiendas al articulado es una fase delicada porque puede echar por tierra los consensos entre los partidos independentistas y dinamitar la tramitación. Esquerra es el partido que probablemente presente enmiendas porque ha dado señales de estar disconforme técnicamente con algunos preceptos, aunque está por ver qué acaba haciendo.

También está por ver a qué Comisión acaba yendo: si a la Constitucional o la de Justicia. En cualquier caso, superada la delicada fase de comisión, la ley pasará nuevamente a votación en Pleno con los cambios hechos y, de ahí, ya irá al Senado. En la Cámara Alta se da por hecho que estará dos meses porque el PP quiere dilatar los trámites para que desfilen expertos por allí y "retraten" la norma (sea el Consejo General del Poder Judicial con un informe o juristas compareciendo).

A partir de ahí, tiene que volver al Congreso para su votación final y para que entre en vigor: después, los jueces tendrán dos meses para aplicarla. Con los tiempos marcados por el PSOE (hasta febrero, como mínimo, en el Congreso), se antoja complicado que la ley entre en vigor antes de junio, aunque parece que no va a afectar a las aspiraciones de Carles Puigdemont para ser nuevamente candidato a las elecciones europeas.

De esta manera, la XV Legislatura se va a estrenar con la aprobación de la ley de amnistía (si se descuenta la reforma del Reglamento para el uso de las lenguas cooficiales). El portavoz del PSOE Patxi López ha querido desmentir este escenario al asegurar que la ley de paridad que ha aprobado el Gobierno en el Consejo de Ministros será la primera norma, tratando así de relativizar el peso de la amnistía.

Además de la amnistía, también se van a poner en marcha de inmediato las comisiones de investigación exigidas por los independentistas porque se debatirán en el Pleno de la semana que viene. La de Esquerra es la "Comisión de Investigación sobre el espionaje e intromisión a la privacidad e intimidad, a través de los malware Pegasus y Candiru, a líderes políticos, activistas, abogados, periodistas, instituciones y sus familiares y allegados". Y las de Junts son la denominada "Comisión 'Operación Cataluña' y las actuaciones del Ministerio del Interior durante los gobiernos del Partido Popular en relación con las presuntas irregularidades que vinculan a altos cargos y mandos policiales con la existencia de una trama parapolicial" y la "Comisión de Investigación sobre el derecho a saber la verdad y las implicaciones derivadas de los atentados de Barcelona y Cambrils del 17 de agosto de 2017".

Es decir, son tres comisiones de alto calado político porque, según la oposición, implican aceptar que ha habido "lawfare" en España y ese es un concepto que todo el colectivo judicial ha criticado con dureza (desde las asociaciones de tendencia conservadora a las de tendencia progresista). Sobre la posibilidad de que se cite a jueces para que comparezcan en esas comisiones, Patxi López ha evitado rechazarlo: "Son las propias comisiones quienes decidirán por mayoría quienes comparecen. Hay que poner en valor lo que dice la Constitución: dice claramente que no puede haber una resolción de las comisiones que sean vinculantes para los tribunales y de ninguna manera las comisiones afectarán en sus resoluciones a las resoluciones judiciales. Lo dice la Constitución y vamos a hacer todo dentro de la Constitución", ha señalado.

Según fuentes parlamentarias, en la reunión de la Junta de Portavoces de este martes ha habido mucho debate entre PP y PSOE por la comparecencia del Ministro de Justicia Félix Bolaños, que es también el encargado de gestionar la amnistía. Los populares querían que compareciese ante el Pleno, pero el PSOE ha derivado esa comparecencia a la Comisión de Justicia que tendrá lugar el 21 de diciembre, donde Bolaños también expondrá lo que pretende hacer en esta legislatura al mando de Justicia. Bolaños ha estado en el foco de la polémica porque se ha reunido con el Comisario de Justicia Didier Reynders y ha hablado en nombre de Europa negando que haya preocupación por la amnistía, algo que la Comisión Europea ha desmentido y ha dicho que la va a estudiar. Ante esto, el PP acusa a Bolaños de "mentir".