Anotaciones de entregas en efectivo delatan a la trama del 3%

La Fiscalía Anticorrupción prevé pedir hoy mismo al juez que cite a declarar a los 18 detenidos en la «operación Pika» el pasado jueves y que levante el secreto de sumario de la mayor parte de las actuaciones

La tercera fase de la investigación de la «trama del 3%» –que el pasado jueves llevó a la detención de 18 personas, entre ellos el ex tesorero de Convergència (CDC) Andreu Viloca y Francesc Sánchez, el ex dirigente de la formación nacionalista al que Artur Mas encargó la refundación del partido– ha extendido las sospechas de irregularidades al menos a otra docena de adjudicaciones con las que la formación independentista se habría financiado de forma ilegal.

A la espera del análisis exhaustivo de la abundante documentación incautada en los 25 registros practicados en la «operación Pika» (tanto en domicilios particulares como en las sedes de las empresas e instituciones bajo sospecha), los agentes buscan indicios que ratifiquen varias anotaciones intervenidas, que identifican con entregas en efectivo y que incluso ocasionaban –según fuentes de la investigación– «desplazamientos a otras ciudades» por parte del ex responsable de las finanzas convergentes.

Según esas mismas fuentes, en esos registros de las hipotéticas entregas de dinero, efectuadas en los años 2012 y 2013 y camufladas como donaciones, figuran los nombres de tres de los empresarios detenidos el pasado jueves: Xavier Tauler, ex consejero delegado de la constructora Copisa, Sergio Lerma, presidente de Oproler y Josep Manel Bassols, delegado en Cataluña de esta última sociedad. Además, en esas anotaciones también constan los nombres del propio Viloca y de Josep Antonio Rosell, ex director de Infraestructures.cat, la empresa de obra pública de la Generalitat de Cataluña.

Oriol Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat Jordi Pujol, fue secretario general de CDC entre marzo de 2012 y marzo de 2013, cuando dimitió de ese cargo al ser imputado por su supuesta intermediación en la adjudicación fraudulenta de licencias de ITV en Cataluña. Sin embargo, precisan esas mismas fuentes, hasta ahora la investigación de la «trama del 3%» no implica al ex político convergente.

La Guardia Civil ya ha remitido al instructor de la causa, Josep Bosch, un detallado informe de casi medio centenar de folios con los indicios que obran en la causa contra los últimos 18 detenidos (algunos de ellos ya fueron arrestados en operaciones anteriores de esta misma causa, como Viloca o Tauler, entre otros). Pero los agentes y la Fiscalía Anticorrupción se están topando con una dificultad añadida a la hora de precisar el montante de los pagos y su vinculación con más de una docena de adjudicaciones de obra pública ahora en el punto de mira. Y es que, según las fuentes consultadas, algunas donaciones a Cat.Dem, la fundación de Convergència a través de la que se canalizaba esa supuesta financiación irregular (cuyos registros dan escrupulosa cuenta de esas presumibles donaciones), se troceaban «a través de varias sociedades» del mismo grupo empresarial. A uno de los empresarios detenidos por beneficiarse de esos presumibles amaños los agentes le intervinieron más de 130.000 euros en efectivo.

Tras quedar en libertad los últimos ocho detenidos el pasado viernes, la intención de la Fiscalía es no demorar la comparecencia ante el juez de los 18 arrestados, por lo que previsiblemente hoy mismo Anticorrupción pedirá al titular del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona) que los cite a declarar. Con los datos que obran en estos momentos en la causa, a la espera del resultado del análisis pormenorizado de la documentación intervenida, no parece que la Fiscalía vaya a pedir el ingreso en prisión de ninguno de ellos puesto que, de ser así, no hubiera acordado su libertad el pasado viernes y habría urgido su declaración ante el instructor para solicitar dicha medida cautelar.

Los responsables de la investigación están satisfechos con los resultados de la operación. «Básicamente hemos conseguido lo que queríamos. Tenemos mucha documentación», aseguran. Hasta el punto de que hoy mismo Anticorrupción podría solicitar al juez Bosch que levante el secreto de sumario que pesa sobre la mayoría de las actuaciones, para que los abogados de los detenidos puedan conocer al detalle los hechos que se imputan a sus clientes.

Entre los detenidos en esta tercera fase de la «operación Petrum» que tendrán que declarar ante el juez se encuentra Francesc Sánchez, ex alto cargo de Convergència y hombre de confianza de Artur Mas, y a quien los investigadores se refieren como el «complemento político» de Viloca en la formación nacionalista.

Anticorrupción imputa a los arrestados delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos, blanqueo y malversación por el supuesto amaño de adjudicaciones públicas a favor de empresarios que supuestamente pagaban comisiones a Cat.Dem, la fundación convergente, camufladas como donaciones, que terminaban engrasando la financiación de Convergència.