La Fiscalía Anticorrupción ha presentado su escrito de acusación por la investigación de las mascarillas en el caso Koldo. El Ministerio Público solicita 24 años de cárcel para el exministro José Luis Ábalos; 19 años y medio para su exasesor Koldo García y siete años de cárcel para Víctor de Aldama; quien hace ahora un año se prestó a colaborar con la Justicia. Además, solicita multas superiores a los 3,7 millones de euros para el exministro y su mano derecha por el delito de uso de información privilegiada.

El fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, actúa después de que el instructor Leopoldo Puente diera el primer paso para enviar al banquillo a los tres investigados por los pelotazos de la pandemia. El Ministerio Público les acusa por los delitos por los que se ha instruido la causa (organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias) y añade, además, el delito de uso de información privilegiada.

Al respecto, Anticorrupción reconoce que las confesiones de Aldama son "relevante y veraces" y habrían quedado contrastadas con el material que se ha ido incorporando al procedimiento. Al respecto destaca que sus revelaciones sobre el presunto reparto de mordidas de la trama o el amaño de obra pública en el Ministerio no son auto exculpatorias, toda vez que admite "de manera inequívoca" su participación en los hechos.

Koldo, el "alter ego" de Ábalos

El escrito relata cómo Koldo García se convirtió en el "alter ego" del exministro de Transportes hasta su cese a mediados de 2021 hasta el punto que se convirtió en el "fiel transmisor de las decisiones y los deseos" de su exjefe. En paralelo, advierte que manejó "las fuentes ilegales de dinero en efectivo de Ábalos que con frecuencia se confundían con las propias, actuando de facto como testaferro de su superior en las actividades delictivas", precisa.

De Aldama, sostiene que se convirtió en un colaborador de ambos aportando además "sus conexiones con políticos venezolanos" para preparar diversos encuentros en Ferraz con Ábalos, entonces secretario de organización. En ese contexto, se impulsó el nacimiento de una presunta organización criminal que buscaría obtener beneficios privados en distintas esferas de la Administración.

Pagos en República Dominicana

Uno de ellos, y por el que irán a juicio en el Tribunal Supremo, reside en las gestiones de pandemia. El primero de los asuntos que destaca Anticorrupción reside en la autorización por parte de Transportes de certificados de movilidad o salvoconductos en favor de personas (algunas de nacionalidad venezolana) que indicó Koldo García siguiendo las instrucciones de Aldama. Del mismo modo, el empresario consiguió que Koldo ejerciera su influencia para que Carlos Moreno, entonces jefe de gabinete de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero Cuadrado, se reuniera con él.

El objetivo del encuentro, que se produjo en junio de 2020, era que se aplazara una deuda tributaria de una de las firmas de Aldama. No obstante, el fiscal explica que, aunque la reunión se celebró, no consiguieron el objetivo marcado. A cambio de su mediación, Aldama habría abonado 10.000 euros mensuales en efectivo a Koldo desde octubre de 2019 y hasta julio de 2022, esto es, un año después de haber abandonado el Ejecutivo. "Tales entregas de efectivo a Koldo García fueron efectuadas en ocasiones en presencia de José Luis Ábalos, pues el importe de 10.000 euros mensuales estaba destinado a ser repartido entre ambos", precisa.

Igualmente, Anticorrupción alude a las entregas de dinero que efectuó al hermano de Koldo García un socio de Aldama en República Dominicana o, también, a los pagos del alquiler de la vivienda de lujo que ocupó Jesica Rodríguez, entonces pareja de Ábalos, en Plaza España en pandemia. Como confesó este empresario en sede judicial, estos pagos los asumió un socio suyo en lo que podría considerarse como rendimientos a favor de Ábalos.

Los contratos con Soluciones de Gestión

Con todo, uno de los asuntos clave de esta pieza lo constituyen los contratos desde Adif y Puertos del Estado (entes dependientes del Ministerio de Transportes) con Soluciones de Gestión. Esta firma aragonesa, que apenas contaba con trabajares y cuyo volumen de negocio era de 0 euros, se anotó las adjudicaciones de emergencia por un importe total de 54 millones de euros.

"Todas estas adjudicaciones públicas permitieron a Víctor de Aldama obtener los correspondientes beneficios generados como consecuencia de la comisión obtenida de Soluciones de Gestión, parte de los cuales hizo llegar en compensación a José Luis Ábalos Meco y Koldo García Izaguirre", reza el fiscal. Aldama se anotó por esta mediación 3,7 millones de euros que luego habría repartido entre los investigados.

Además, Anticorrupción incluye en su escrito la mediación de Ábalos para que se publicara la nota de prensa relativa al compromiso del Gobierno para rescatar Air Europa, compañía de la que entonces era asesor Aldama. "En dicho rescate fue relevante la previa intervención de José Luis Ábalos quien, al margen de la oportunidad o procedencia de la operación, atendió los intereses de Víctor de Aldama por razón de la ya expuesta connivencia existente entre ellos, lo que, además, fue después recompensado por este de manera singular", recalca.

La recompensa a la que se refiere el Ministerio Público se materializó con el pago del alquiler de la vivienda de lujo "Villa Parra" en Marbella; donde veraneó el entonces "número tres" del PSOE en agosto de 2020. Un año después, repitió "modus operandi" Cádiz. En esa ocasión, el ministro se había beneficiado de una casa vacacional en La Alcaidesa que compró Have Got Time, empresa vinculada a Carmen Pano.

"La presión moral" de Ábalos para contratar a Jesica

La empresaria se habría beneficiado de una reunión en el Ministerio de Industria con la que se trató de conseguir el permiso de operadora para Villafuel. Esta firma -que se atribuye a Claudio Rivas y a Aldama- se benefició de este encuentro que consiguió Koldo García gracias a la influencia de Ábalos. "Koldo García promovió la concertación de una entrevista entre Juan Ignacio Díaz Bidart, jefe en ese momento del gabinete de la ministra de Industria, María Reyes Maroto Illera, y Claudio Rivas Ruiz Capillas, interesado en la consecución de una licencia de operador", explica Anticorrupción.

Igualmente, destaca la "presión moral" que ejerció Ábalos prevaliéndose de su superioridad jerárquica para que se contratara a Jesica Rodríguez en dos empresas públicas. La Fiscalía recuerda que actuó siempre a través de Koldo García, el cual medió para enchufar a Rodríguez en Ineco y en Tragsa. La joven percibió su nómina esos años pese a que no acudió ni un solo día a trabajar.