Asociaciones de jueces y fiscales muestran sus recelos sobre la reforma anunciada por el Gobierno este martes con la que se pretende desligar la figura del fiscal general del Estado del Gobierno. Aunque en su mayoría aplauden que se entregue la instrucción de los procedimientos a los fiscales, dudan de "la letra pequeña" de esta reforma legal en lo que respecta principalmente a la autonomía de actuación que tendrá el fiscal que investigue las causas. "Los fiscales siguen sin ser independientes", apostillan.

En declaraciones a LA RAZÓN, Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales (AF); explica que la reforma es "altamente decepcionante". La presidenta de la asociación mayoritaria dice que si lo que se pretende es regular el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para dotar de mayores garantías al fiscal investigador, no basta con adecuarse a los requerimientos europeos, sino que hay que dar "garantías reales" para que ejerza su trabajo "sin presiones externas e internas".

Los cambios anunciados por el Ejecutivo van en dos direcciones. Primero se modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) para luego reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que dará la instrucción a los fiscales. Así, el Gobierno ha anunciado que se ampliará el mandato del fiscal general de cuatro a cinco años para diferenciarle de las legislaturas del Gobierno que le propone.

"Los asuntos los asigna el jefe"

Además, limitará las causas de cese del fiscal general al supuesto en que se produzca un incumplimiento grave o reiterado de sus funciones. También otorga a la Junta de Fiscales de Sala la facultad de imponer su criterio sobre el fiscal general si cuenta con el respaldo de tres quintas partes de sus miembros y prohíbe que las tres asociaciones de fiscales puedan recibir financiación privada de gobierno u organismos extranjeros.

"Ni es una gran reforma ni ahonda en la reorganización de la Fiscalía General. Todo sigue más o menos igual", explica Dexeus, quien hace hincapié en que la Junta de Fiscales de Sala, tras los nombramientos acometidos por el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, y especialmente por su antecesora, Dolores Delgado, es completamente afín a él. "Si no tiene la mayoría de tres quintos, poco le falta", indica y añade: "Ahora van a vender que la imparcialidad del fiscal general queda garantizada".

Al respecto, matiza que se trata de reformas que van encaminadas hacia lo reiterado sistemáticamente por el Consejo de Europa, desde donde en abril se volvió a advertir de la "preocupación pública" que generaba el vínculo del fiscal general con el Gobierno. Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Fiscales insiste en que si no hay autonomía real de actuación por parte del fiscal que instruye las causas, no se puede hablar de garantías reales para evitar "interferencias o presiones".

Respaldo de la UPF

"Lo peor es la manera de asignar los asuntos, que dependerá de la voluntad del jefe", argumenta Dexeus, en referencia a la reforma, que especifica que los fiscales encargados de cada investigación será nombrados por el fiscal jefe y que, al igual que se regula en la actualidad con los jueces, también se abre la puerta a que se pueda apartar de la instrucción a los fiscales.

El presidente de la APIF, Miguel Pallarés, sostiene que estos cambios dan la sensación de que se buscaría mantener al fiscal general en el cargo cuando cese el Ejecutivo. Según precisa, esta reforma "se queda corta" puesto que si realmente se quiere garantizar la independencia de actuación del fiscal, se le debe proteger de injerencias externas.

"No se trata de que el mandato del fiscal general pase de cuatro a cinco años o se desvincule su cese del Gobierno. Hace falta blindar al fiscal que investiga y dotarle de garantías de independencia del Gobierno", afirma Pallarés, quien considera que lo óptimo sería que la Fiscalía cuente con una estructura de independencia como la que tiene el juez de instrucción.

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales (UPF) cierra filas con el Gobierno y habla de "momento histórico" para la carrera fiscal. Su presidente, Félix Martín, aplaude especialmente el mayor peso que se le otorga a Junta de Fiscales de Sala y, también, la prohibición a las asociaciones de que puedan financiarse de manera privada. "Esto va a suponer un cambio de paradigma en la Justicia penal de España", afirma.

"No fortalece a la institución, sino al fiscal general"

Las asociaciones de jueces, por su parte, también recelan de la finalidad de la norma. María Jesús del Barco, presidenta de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ve "positivo" que se establezca un mandato superior del fiscal general del Estado para desligarlo del Ejecutivo. No obstante, entiende que esta reforma, más que a la institución, fortalece al fiscal general del Estado. Además, advierte al igual que Dexeus, que disminuyen las funciones del Consejo Fiscal (el cual, en la actualidad se compone de una mayoría de vocales de la AF y, por lo tanto, es contrario a García Ortiz). Así pues, en lugar de que los fiscales puedan votar hasta seis candidatos, se pretende limitar a cinco.

"Estoy en contra desde el minuto uno de dar a los fiscales la instrucción, pero lo que me asusta es que el fiscal jefe pueda quitar o nombrar al fiscal encargado de una instrucción. Aquí parece que van a poder cambiar al fiscal que investigue un asunto a su capricho y van a complicar más esos casos en los que el fiscal se opone a la instrucción que le da su superior a la hora de llevar una instrucción de una determinada manera", vaticina Del Barco.

Igualmente, muestra sus recelos con la creación de un registro público de los fiscales encargados de preparar opositores y que, además, necesitarán la autorización de la Fiscalía General del Estado. "Preparar una oposición no es incompatible, porque es un actividad docente. Por tanto, la autorización del fiscal es una intromisión sobre lo que el Estatuto Orgánico hasta ahora viene permitiendo", indica.

Sobre la prohibición de que las asociaciones de fiscales reciban financiación privada, Del Barco hace hincapié en que si reciben lo mismo que las asociaciones de jueces el resultado es, entonces, "ni un duro". "Parece que se quiere trasladar la idea de que jueces por un lado y fiscales por otro recibimos financiación ilegal. Para hablar de financiación ilegal están otros", añade.

"El cambio obedece a un interés político"

Sergio Oliva, portavoz nacional de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) aplaude el cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) en lo que respecta a dotar de mayor autonomía a la Fiscalía. Ahora bien, pide cautela hasta ver cómo se aplica en la práctica. "Las palabras suenan bien, pero veremos la implementación real de las medidas y si cumplen con los estándares internacionales de independencia, que es la clave", asegura.

El portavoz de los vitorinos sospecha igualmente de la verdadera autonomía del fiscal investigador, teniendo en cuenta que la Fiscalía es una institución jerárquica. "Hasta que no se ponga en práctica no se podrá determinar el grado de autonomía que tendrán los fiscales instructores de su jefe. Tengo dudas porque la jerarquía es uno de los principios fundamentales de la institución", enfatiza sobre esta reforma legal que no afectará al actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, puesto que entrará en vigor en 2028.

Además, tilda de "incoherente" que Moncloa haya atendido finalmente las reivindicaciones europeas en lo que respecta a la figura del fiscal general pero, por el contrario, siga sin modificar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En lo que respecta al órgano de gobierno de jueces, se insta a que al menos la mitad de sus miembros sean elegidos por sus pares. Sin embargo, el Ejecutivo mantiene la designación actual.

"Es un sistema más garantista"

Por su parte, el presidente de Foro Judicial Independiente, Fernando Portillo, coincide con Dexeus en que el momento político es idóneo para el Ejecutivo, por cuanto que el cambio "obedece al interés político de quitar a los jueces incómodos y controlar las causas delicadas". "Y eso lo pueden conseguir a través de la Fiscalía", reza el magistrado en referencia a los procedimientos penales que cercan al presidente del Gobierno, como es el abierto contra su hermano David Sánchez; su mujer Begoña Gómez; o su exmano derecha en el Gobierno, José Luis Ábalos.

"Todos los pasos que se den para garantizar mayor autonomía al Ministerio Fiscal me parecen bien, pero me parece que no van a ser suficientes y que nos vamos a quedar a las puertas de lo que debería ser. Incluso dando la mayor autonomía a los fiscales, siguen sin ser independientes. Y si alguien quiere hacer mal uso del principio de jerarquía que existen en los fiscales encontrarán principios alternativos", advierte.

Desde Juezas y Jueces para la Democracia aplauden la ampliación de la duración del mandato del fiscal general del Estado y tildan de "acertado" que se regule el modo en que tienen que tener lugar las comunicaciones entre la Fiscalía General y el Gobierno. Según precisa su portavoz, Edmundo Rodríguez, esta reforma asegura el cumplimiento de las garantías institucionales que rige en el resto de países de nuestro entorno puesto que el fiscal investigará y, tras ello, el juez de garantías avalará su trabajo. "Es un sistema más razonable y más garantista. Lo contrario es un proceso penal inquisitivo", ha sentenciado.