La Audiencia de Madrid apoya a Errejón: se negó al volcado de su móvil como "estrategia de defensa"

La Audiencia Provincial de Madrid rechaza investigar a Íñigo Errejón por un delito de desobediencia después de que se negase a facilitar teléfono móvil al juzgado para el volcado de sus conversaciones con Elisa Mouliaá.

En un último auto, al que tenido acceso LA RAZÓN, los magistrados madrileños resuelven que el expolítico, al estar imputado por la presunta agresión sexual a la actriz, tiene derecho a "no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable". Lo que "alcanza también cualquier actuación del investigado que pudiera incriminarle en el proceso".

Entre estas conductas, incluyen el que Errejón en ningún caso está obligado a colaborarcon una "actividad probatoria"como entregar su dispositivo a la Brigada Central de Seguridad Informática de la Policía Nacional para revelar los mensajes que cruzó con la actriz antes y tras la noche de autos (8 octubre 2021). Se enmarca "en su estrategia de defensa que no puede generar reproche penal alguno".

Así, la Sección 23, coincidiendo con el criterio de la Fiscalía, ha respaldado al instructor del caso, que ya había descartado que hubiese razones para investigar al que fuera portavoz parlamentario de Sumar por esta negativa. "La conducta del investigado carece de cualquier relevancia antijurídica", insiste, en otro punto de su resolución.

Un paso que le había reclamado dar la acusación popular, que ejerce Jorge Piedrafita, en nombre de la Asociación Defensa Integral Víctima Delito Especializado (Adive).

Esta parte recurrió la negativa en apelación a la instancia superior al titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid y a ella su unió el abogado de la propia Mouliaá. El letrado de Adive acusó al instructor de no haber concretado en el auto en cuestión "los motivos por los que la no entrega del terminal se encuentra amparada por el derecho de defensa". Una resolución de Carretero que llevó ante el órgano superior por ser también "escueta y lacónica".

Según ha podido saber este diario de fuentes jurídicas, la acusación popular quiere recurrir esta decisión, con lo que tendría que acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional porque contra esta última decisión "no cabe recurso ordinario alguno".

Lo cierto es que esta misma Audiencia de Madrid acabó anulando, el pasado julio, la aprobación por parte del juez Carretero del análisis policial de los terminales de ambos al estimarla una medida desproporcionada. Dado que él aportó un informe pericial "en el que se afirma la integridad y autenticidad" de sus comunicaciones "sin que se localice ningún indicio de manipulación".