La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha trasladado al ministro de Transportes, Óscar Puente, la preocupación de numerosos ayuntamientos por las dificultades en la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), a pesar de reconocer su importancia para una movilidad más sostenible y la mejora de la calidad del aire.

En una carta dirigida al ministro, a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, destaca que los gobiernos locales están actuando “con responsabilidad y determinación” para cumplir con esta obligación legal, pero se enfrentan a importantes obstáculos técnicos, jurídicos y presupuestarios que están ralentizando la puesta en marcha de estas zonas.

Entre las complicaciones señaladas se encuentran largos procesos de contratación pública, problemas de interoperabilidad tecnológica, resistencias sociales y hasta recursos judiciales que impiden el avance efectivo, a pesar del compromiso político de los municipios.

La organización municipalista alerta especialmente de la posibilidad de que estos municipios sean penalizados con la pérdida o reducción de ayudas al transporte colectivo urbano, cuando los retrasos se deben a causas ajenas a su voluntad.

Por ello, la FEMP solicita al Ministerio una visión “realista y constructiva”, y plantea una moratoria o flexibilización de los requisitos, como ya se hizo en su momento con los Planes de Movilidad Sostenible. La petición busca evitar que el cumplimiento normativo se convierta en un castigo para los ayuntamientos comprometidos, aunque todavía no hayan completado la implantación de las ZBE.

La carta concluye agradeciendo la atención y sensibilidad del ministro ante una situación que afecta a numerosos municipios en todo el país.