La presidenta de Baleares, Marga Prohens, ha anunciado este jueves que el Govern recurrirá ante el Supremo y pedirá la suspensión cautelar del decreto aprobado por el Gobierno que establece el procedimiento de reparto de menores migrantes no acompañados entre las comunidades autónomas, salvo el País Vasco y Cataluña.

"Recurriremos a todas las vías a nuestro alcance para evitar la imposición de este reparto que no podemos asumir en condiciones de dignidad y humanidad", ha afirmado este jueves la mandataria autonómica en una rueda de prensa, después de reunirse por cuarta vez con los presidentes de los cuatro Consells insulares para abordar la crisis migratoria en el archipiélago.

Ha detallado que el Govern recurrirá tanto el decreto aprobado el 28 de julio, que establece el procedimiento de acogida, como el que está previsto que apruebe el próximo Consejo de Ministros para que empiece el reparto la semana que viene.

Prohens ha aseverado que la situación de la inmigración ilegal en Baleares es "alarmante", con la llegada este año de más de 4.700 personas en pateras, principalmente desde Argelia, de las que 1.500 corresponden solo al mes de agosto.

"La situación cada día es peor y no tiene visos de solución", ha manifestado Prohens, quien ha afirmado que el Gobierno de España "tiene un problema serio cuando no es capaz de proteger sus propias fronteras".

Los servicios sociales de los Consells insulares de las cuatro islas atienden actualmente a 680 menores no acompañados, ha concretado la presidenta, que ha añadido que el Govern estudia, al estar sobreocupados y ante la falta de medios materiales, habilitar otros espacios para los migrantes en los que "no se merecen ni deberían vivir nunca".

Ha cifrado la sobreocupación de los centros de acogida de menores de Baleares en más del 1.000 %.

La presidenta del Govern y los de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera se han reunido para establecer una "estrategia legal" frente a la decisión del Gobierno de repartir a los menores no acompañados procedentes de Canarias, Ceuta y Melilla, de los que Baleares tiene asignados 49.

El Ejecutivo balear y los consells insistirán en solicitar al Gobierno que "refuerce la lucha contra las mafias que trafican con inmigrantes" y aumente las plantillas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en las islas, donde actualmente existen 600 vacantes, según los sindicatos.

Exigen también que España recupere "la vía diplomática" con Argelia para controlar los flujos migratorios ilegales, porque es la ruta migratoria que "más crece" en toda Europa, ha reseñado Prohens.

Para tratar esta problemática, Prohens y los presidentes de los Consells se reunirán a finales de septiembre con el comisario europeo de Inmigración, Magnus Brunner, para pedirle la activación "lo antes posible" del sistema de control de fronteras Frontex en Baleares.

El archipiélago, ha alegado la presidenta, se está convirtiendo en "la principal puerta de entrada" de la inmigración irregular en la Unión Europea. Prohens ha leído un fragmento de un informe de Frontex que advierte del peligro de que "personas con intenciones potencialmente maliciosas" entren en la UE en pateras que alcanzan la costa balear y "posiblemente se involucren en actividades delictivas".

Ha recordado que el Gobierno es el competente en materia de inmigración y que, frente a su inacción y, según el relato de los propios migrantes que llegan a Baleares, "hay centenares de menores que esperan" a embarcarse en los próximos meses para cruzar el Mediterráneo.

"Aquí ya no los podemos acoger en condiciones de dignidad", ha insistido la presidenta, que ha repetido que Baleares no dispone ni de espacio en los centros de acogida ni de profesionales para atenderlos.