Bandera Comandante Franco de la Legión: segundo toque de Transparencia a Defensa

Segunda resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que insta al Ministerio de Defensa a hacer públicos el expediente y los informes que avalaron el cambio de nombre de la Bandera Comandante Franco de la Legión. El mes pasado, en cumplimiento de una resolución del CTBG, la cartera de Margarita Robles dio respuesta a la solicitud de la Plataforma Patriótica Millán Astray en el mismo sentido. Y ahora debe hacerlo para satisfacer la petición de un ciudadano particular, Guillermo Rocafort, secretario asimismo de la entidad de veteranos del Tercio.

En la primera resolución que acató Defensa, con fecha del 13 de septiembre, alegó que el Comité de Seguimiento de la Ley de Memoria Democrática «es un órgano con función asesora, que no tiene facultades decisorias ni de emisión de informes preceptivos o vinculantes, siendo su actividad de apoyo o auxiliar». Y asimismo, que «no existe acta oficial que pueda entregarse» y «no consta la existencia de ningún informe, tanto jurídico como de otra índole, recibido por el comité de seguimiento».

La reclamación abarca en las dos ocasiones «todo el expediente administrativo del cambio de nombre», los «escritos de oposición que haya recibido el ministerio y trámite que se les haya dado», los «informes que avalan el cambio de denominación» y el «acta del comité de seguimiento y aplicación de la Ley de Memoria Democrática en el Ministerio de Defensa que avale el cambio», según consta en la documentación a la que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La cartera de Robles respondió al último escrito que al tratarse de datos ya objeto de indagación puede considerarse «una petición reiterativa susceptible de inadmisión». Sin embargo, el Consejo de Transparencia matiza a Defensa que «el recurso de reposición» fue «interpuesto por una asociación, por lo que no coincide la identidad» del ahora «solicitante de acceso a la información y la persona jurídica» que interpuso «el recurso de reposición [en nombre de una asociación]».

El interesado lamenta esta «confusión» que da lugar a un «error», porque «como persona física o natural tengo derecho a pedir esa información, aunque forme parte de una asociación que haya recurrido», y explica que quiere los datos «para hacer un escrutinio público de cómo se llevó a cabo [el acta], si es que se llevó a cabo» para hacer efectivo el nombre de la unidad, que pasó a llamarse Bandera España.

El Ministerio de Defensa dictó una resolución en la que inadmitía la reclamación por considerar que Rocafort había «utilizado una vía equivocada», y respecto a las actas del comité de seguimiento, se trata en su opinión de una solicitud «reiterativa» e insiste, además, en que ese órgano «realiza una actividad de apoyo o auxiliar, no vinculante». Sin embargo, el Consejo de Transparencia se acoge a una anterior resolución –del pasado 29 de agosto–, que «estima la reclamación y declara la improcedencia de la aplicación de la causa de inadmisión» e insiste en que se facilite lo reclamado, «recordando al ministerio que las resoluciones de este Consejo son de obligado cumplimiento».

A juicio del abogado reclamante, con este escenario queda «demostrado» que Defensa «ha actuado con notoria imprudencia y opacidad en el cambio del nombre de la Bandera Comandante Franco de la Legión, y en clara vulneración de las normas de transparencia aplicables a este tipo de reclamaciones». En su opinión, es «indignante que incumpla de esta manera tan contumaz y reiterativa el Derecho constitucional a la Transparencia».

Afirma Guillermo Rocafort que «eso evidencia también que en el caso del cambio del nombre de la Bandera Comandante Franco en la Legión ese ministerio ha pretendido a toda costa impedir que se conozcan las circunstancias del cambio, generando un apagón informativo que va en contra del debido escrutinio público a que tenemos derecho los ciudadanos, incluidos los veteranos de la Legión, sobre los comportamientos de nuestros gobernantes».

Los veteranos del Tercio, que deploran este «nivel de arbitrariedad y de ausencia de legalidad, no descartamos», concluye el letrado, «llevar a cabo acciones penales» por el «mal actuar» del Ministerio de Defensa. «El juicio contencioso- administrativo por el cambio del nombre de la I Bandera de la Legión está ahora prácticamente visto para la sentencia y desde luego que la posición de ese ministerio al respecto cada vez está más comprometida».