
Tribunales
Al banquillo Medina y Luceño por el "caso mascarillas": se enfrentan a más de ocho años de cárcel
Según Anticorrupción, percibieron comisiones por la suministración de material sanitario de al menos el 60% de los 11 millones que pagó el Ayuntamiento de Madrid
Arranca este martes el juicio al "caso mascarillas" en que están acusados Luis Medina y el empresario Alberto Luceño de una supuesta estafa en el suministro de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid durante la primera quincena de marzo de 2020, en los primeros y peores momentos de la Covid.
El hijo menor de Naty Abascal y Luceño se sientan en el banquillo de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid y se prevé que quede visto para sentencia el próximo 26 febrero tras siete jornadas judiciales.
Según el relato del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Luceño "aprovechado que conocía a un empresario en Malasia que podía suministrar" productos sanitarios, se puso en contacto con Medina, dado que "era una persona conocida en la vida social española", para que buscara y le facilitara el contacto con instituciones públicas que pudiesen estar interesadas en adquirirles este material.
Fue Medina -relata el Ministerio Público- quien a través de una amiga en común logró ponerse en contacto con un familiar del alcalde de Madrid, concretamente Carlos Martínez-Almeida, que fue quien le proporcionó una dirección de correo a la que el 18 de marzo de 2020, este acusado escribió un mail a la coordinación general del Ayuntamiento en el que puso sobre la mesa su oferta de suministro de trajes de protección, mascarillas, test Covid y desinfectantes.
En el mensaje de presentación, Medina, apunta Anticorrupción, aseguró que estaba vendiendo material a varios gobiernos europeos y que trabajaba directamente con las fábricas, lo cual "resultó no ser cierto".
La intención desde la que -da por probado el fiscal- actuaron Medina y Luceño fue "enriquecerse exageradamente a costa de la situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior a lo que lo compraron. Convencieron al Ayuntamiento que "actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio", cuando la realidad es que percibieron "unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento" a las autoridades locales.
Firmaron, ya el 20 marzo, un convenio con la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios para proveerles actuando como intermediarios de la empresa malaya Leno un millón de mascarillas por más de seis millones de euros; dos millones y medio de guantes de nitrilo por cinco millones de euros, y 250.000 test rápidos de Covid por 4.250.000 euros.
En el escrito del Ministerio Fiscal se advierte que estos precios fueron impuestos por Luceño al Ayuntamiento de Madrid afirmando que "era el precio fijado por el exportador" asiático. Cuando la realidad es que de media alrededor del 60% de esos más de 11 millones de euros que reclamaban por la operación "correspondía a comisiones que los acusados iban a percibir".
El dinero fue abonado en varios ingresos directamente por el consistorio madrileño a la empresa de Malasia y esta última transfirió -siempre según Anticorrupción- tres millones de dólares a una cuenta de Luceño y, por otro lado, un millón de dólares a Medina. Estas cantidades son, por tanto, se especifica en el escrito de acusación, las "mordidas" que habrían percibido.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 9 años de prisión para Medina por un delito continuado de estafa agravada y otro continuado de falsedad en documentos mercantil. Para el que fuera su socio en este negocio de venta de material sanitario al consistorio de José Luis Martínez-Almeida, el fiscal reclama una sentencia de 15 años de prisión por la supuesta comisión de un delito continuado de estafa agravada, otro continuado de falsedad en documento mercantil y un más de falsedad continuado en documento oficial.
Así como una multa de casi medio millón de euros para Luceño y para ambos, que indemnicen al Ayuntamiento de la capital indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.
De igual modo, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386,29 euros.
El calendario judicial
La primera de las sesiones se celebrará este mismo martes, a partir de las 10:00 horas, tras resolverse las cuestiones previas, y contará con la declaración de dos testigos. María de la Cebosa Sánchez, antigua profesora de Luis Medina, que fue quien le puso en contacto con Carlos Martínez-Almeida trasladándole al primero del alcalde su interés porque le facilitasen una vía de contacto con el Ayuntamiento. Y, le seguirá, Matilde García Duarte, coordinadora de la alcaldía del Ayuntamiento de Madrid.
La segunda sesión del juicio será este jueves y en ella declararán también como testigos Isabel de Palacio Tamarit, que es la directora de gabinete del Área de Economía, Innovación y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid; y la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos en Ayuntamiento de Madrid, Elena Collado Martínez.
La tercera sesión de la vista oral, prevista para el martes 18 de febrero, contará con las declaraciones del primo del alcalde, Carlos Martínez-Almeida Morale; Cristina Sierra Daimiel, del Deutsche Bank en el que se habrían ingresado parte de las comisiones; Javier Martín Moreno, y San Chin Choo, director ejecutivo de Leno, además de un agente de la Policía Nacional.
En la cuarta sesión, señalada para el 19 de febrero, testificarán Enrique López Ventura, director General de Emergencias y Protección Civil del consistorio madrileño, un perito y un policía municipal.
La quinta sesión, el 20 de febrero, será el del interrogatorio a los testigos Mario Tabasco Fernández, el jefe de Prevención de Riesgos Laborales de Madrid Salud; el gerente de Madrid Salud en Ayuntamiento de Madrid, Antonio Prieto Fernández y Miguel Ángel Jiménez, así como de dos peritos de la agencia tributaria.
El día 25 de febrero, martes, declararán cinco testigos y tres policías nacionales, antes de que se sienten ante la Audiencia los acusados, Luceño y Medina. Las conclusiones y los informes finales llegarán el 26 de febrero, último día previsto para la vista oral del "caso mascarillas".
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