Batet paraliza la actividad parlamentaria y evita el control al presidente interino

La presidenta del Congreso paraliza la actividad parlamentaria al no constituir los órganos de la Cámara. Este movimiento beneficia a Sánchez, que lleva desde febrero sin someterse a una sesión plenaria.

En permanente semáforo en rojo. Así podría describirse el estado en el que se encuentra el Congreso de los Diputados, que lleva camino de los tres meses sin registrar apenas actividad parlamentaria, desde que se celebraran las elecciones generales.

Los diputados no tienen obligación de acudir a la Cámara Baja dado que las comisiones no han echado a andar y en los pasillos del Congreso y los despachos de sus Señorías solo se encuentra a parte de los equipos negociadores de los partidos que están inmersos en el proceso de investidura. Se vive un momento de parálisis total en la política española, un bloqueo que beneficia sustancialmente al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez, puesto que no hay ningún organismo nombrado y con poder que le obligue a someterse al control del Congreso. Y todavía no hay visos de que la situación revierta pues no hay pistas de que la agenda cotidiana de la Cámara retome su curso, en «standby» desde que se desconvocaron las Cortes el pasado 5 de marzo. Un bloqueo que proviene del propio partido, que no tiene intención de responder ante la oposición hasta que quede conformado su Gobierno.

El único ápice de movimiento fue la obligada constitución de las Cortes Generales y el consecuente nombramiento de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, el pasado 21 de mayo. Es la socialista la que tiene en su poder componer de manera oficial las comisiones y la Diputación Permanente –órgano encargado de asumir las funciones del Pleno entre periodos inhábiles de sesiones–, mecanismos con capacidad suficiente poder para forzar al Gobierno a comparecer en el Hemiciclo.

Esta lentitud en los tiempos es contraria al proceder de sus antecesores en el cargo. A pesar de que hasta 2015 lo propio era esperar a la formación del Gobierno para que las comisiones quedaran inauguradas, el propio Patxi López cambió las tornas al demorarse las negociaciones para la investidura, y su sucesora, Ana Pastor, siguió sus pasos. No esperaron al nombramiento del Consejo de Ministros para desbloquear el trabajo en la Cámara. Tras las elecciones de 2015, con el gobierno en funciones, el 13 de enero de 2016 Patxi López resultó elegido como presidente del Congreso y en 13 días constituyó la Junta de Portavoces y las comisiones.

Tardó 98 días en dar luz verde a la Diputación Permanente. Seis meses después y tras la repetición electoral del 26-J, el 19 de julio ocupaba su cargo la dirigente popular Ana Pastor, que se demoró hasta 51 días en establecer el reparto de las comisiones (contando el mes inhábil), 14 días para designar la Junta de Portavoces y 30 para la Diputación Permanente. Ahora, Batet está a tres días de batir el «récord» de Pastor, pues han pasado 48 días y aún no ha repartido las comisiones.

También ha superado a Patxi López y Ana Pastor en el tiempo utilizado para constituir la Junta de Portavoces, pues ha tardado 21 días, mientras que sus antecesores se demoraron solo 13 y 14 días, respectivamente. En cuanto a la Diputación Permanente y ante las críticas de PP, Cs y Podemos por el bloqueo institucional, Batet ha fijado la fecha para su composición para el próximo 23 de julio, coincidiendo con la primera votación de la investidura. A pesar de que en los próximos días se activaran estos órganos, previsiblemente el presidente del Gobierno no se someterá a control alguno hasta el mes de septiembre.

Con este Congreso «sin control» el Gobierno socialista repite los mismos pasos por los que en su día criticaron al gobierno también en funciones de Mariano Rajoy tras las elecciones de 2015. El entonces presidente popular pasó casi 400 días sin someterse ante el Congreso al entender el partido que al estar en funciones (durante 10 meses) no debía celebrarse tal Pleno. Su primera aparición en el Hemiciclo sería cuatro meses después de constituirse la XII Legislatura (2016-2019). Ante este escenario, la oposición movió ficha y dos años después el Tribunal Constitucional falló que Rajoy debía haberse sometido a control. Tras dar comienzo a la XII Legislatura, el presidente del Gobierno se sometió a control, un mes después de ser investido.

Ahora, el Gobierno de Sánchez lleva 131 días sin responder a preguntas en Pleno después de que fuera en el mes de febrero la última sesión, un mes antes de que se disolvieran las Cortes Generales.