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Boicot de la oposición a las medidas del Gobierno para la recuperación económica

  • Soraya Rodríguez y Eduardo Madina, acompañados por otros miembros del PSOE
    Soraya Rodríguez y Eduardo Madina, acompañados por otros miembros del PSOE
Madrid.

Tiempo de lectura 4 min.

09 de julio de 2014. 01:23h

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Madrid. 8/7/2014

Bronca en el Congreso de los Diputados. La oposición se rebeló ayer contra el Gobierno por haber utilizado un decreto ley para modificar un total de 25 leyes que afectan a nueve ministerios y utilizar su mayoría absoluta para imponer, con métodos «caciquiles», que el Pleno de la Cámara Baja lo convalide mañana, sin dar la posibilidad a los grupos de presentar enmiendas, y sin oportunidad de confrontar directamente con los ministros de los departamentos afectados.

El portavoz del Grupo Popular, Alfonso Alonso defendió que hay precedentes de decretos leyes que afectan a distintas normas que se convalidaron en una semana y no se tramitaron como proyectos de ley y citó, en concreto, el que aprobó el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero con varias medidas de ajuste. «Este decreto ley no es de recortes, sino de incentivo», dijo, incidiendo en que es «urgente y necesario» porque su único objetivo es reactivar la economía española y, además, «tiene un hilo conductor». Por ello, pidió «un poco de responsabilidad» a la oposición avisando de que «el tren de la recuperación sólo pasa una vez». «Y como no lo cojamos ahora estaremos haciendo perder muchas oportunidades de creación de riqueza y de creación de empleo. Necesitamos aprobar esto con urgencia y la oposición debería sumarse a este impulso».

Pero la oposición se levantó en armas y después de una discusión a puerta cerrada con el Ejecutivo y el Grupo Popular durante la Junta de Portavoces, los representantes de la oposición hicieron público sus reproches. Todos los portavoces que intervinieron, salvo el del PP, criticaron al Gobierno al considerar que «abusa» de los decretos leyes, una fórmula legislativa que, dijeron, la Constitución sólo permite utilizar en caso de «extremada y urgente necesidad», condiciones que, en su opinión, no se dan ahora.

Los decretos ley entran en vigor cuando se publican en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y hay un mes de plazo para que sean convalidados por el Congreso. Si la mayoría no acepta que se tramiten después como proyectos de ley, se impide a los grupos presentar enmiendas para cambiar algún punto. La oposición, con este argumento, se negó a que el decreto ley aprobado el pasado viernes, que llegó a la Cámara este lunes, sea convalidado tan sólo tres días después y denunció que, al haber agrupado en un sólo texto la modificación de 26 leyes, ni siquiera van a poder debatir directamente con los nueve ministros de los departamentos afectados.

El texto, de 172 páginas, incluye medidas los incentivos al empleo juvenil, liberalización de horarios comerciales, comisiones tarjetas bancarias, regulación del uso de drones, y cesión a los registradores mercantiles de la gestión del Registro Civil, entre otros asuntos. Ante esto, la portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez mostró su intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el polémico decreto ley, que calificó de «engendro legislativo» y de «deleznable e insultante» para la labor parlamentaria. Además, denunció que el debate que pretende sustanciar el PP el jueves sólo va a ser un «simulacro» y que no se va a poder presentar «ni una enmienda» a un texto de tanta entidad.

En representación de CiU, Josep Sánchez Llibre, pidió al PP que reflexione. «Así no vamos bien», y, como el resto de la oposición, afeó al Gobierno que por un lado prometa medidas de regeneración democrática y, por otro, mantenga comportamientos que no hacen otra cosa que alejar aún más a la ciudadanía del Parlamento, en el que «abusa» de su mayoría absoluta, informa Ep.

También el portavoz de la Izquierda Plural, José Luis Centella, reprochó al PP que «rompa las reglas del juego» y quiera imponer al Congreso «un trágala». «No vamos a aceptar el chantaje, nos vamos a rebelar y no vamos a ser cómplices. Pueden secuestrar al Parlamento y a la democracia, pero tarde o temprano la ciudadanía democráticamente acabará con este secuestro», dijo. El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, cargó contra el «monstruoso» decreto ley y contra el Gobierno por su afán, dijo, de quitar al Congreso su capacidad legislativa. «Se están cargando la división de poderes».

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