Bolaños exige un acuerdo al PP para renovar el CGPJ pero les acusa: "En esta materia son ustedes extremistas"

El ministro de Justicia Félix Bolaños ha pedido al Partido Popular que busquen un acuerdo conjunto que ponga fin a la "triple anormalidad" que se está dando por el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero acto seguido, ha responsabilizado al PP de ser "básicamente el grupo que ha evitado" esta renovación en el órgano de gobierno de los jueces, que lleva cinco años con el mandato caducado. “En esa materia, son ustedes extremistas”, dijo a los populares, "porque no cumplen con la Constitución", declaró mientras respondía a las cuestiones planteadas por el diputado de Bildu Jon Iñarritu.

En su intervención en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, han chocado estas acusaciones con lo dicho previamente: que estaba abierto al "diálogo con quien quiera dialogar" y que siempre buscará “complicidades en las negociaciones de Justicia".

Algunos diputados le expresaron la falta de expectativas sobre la reunión que mantendrán mañana Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, fecha que coincide con la celebración de la Lotería de Navidad, ha bromeado: “Al Estado de derecho y a la democracia española le tocaría el ‘Gordo’ si el partido popular se aviene mañana a renovar el Consejo General del Poder Judicial”. Y reiteró: "Mañana hay una gran oportunidad".

"La sociedad española desea que negociemos", ha dicho. Y ha reafirmado en su intervención que está "absolutamente abierto a abordar con ustedes, señorías del Partido Popular” los nombramientos de los vocales de ese órgano, ofreciéndoles que "cumplamos juntos la Constitución" mediante una negociación "en el formato que deseen", de manera discreta o pública.

El bloqueo provoca una “crisis institucional” en el ámbito de este poder del Estado, destacó. La triple anormalidad se produce, dijo, porque no se cumple el mandato constitucional, también porque es prioritario, tal como se ha señalado desde Europa, por los efectos que está teniendo en el funcionamiento ordinario de los órganos de Justicia.

Bolaños recordó los datos que supone que los vocales no puedan realizar nombramientos, a pesar de que esta atribución se la arrebató el propio Gobierno mediante una ley impulsada la pasada legislatura: hay cerca de 90 plazas vacantes y solo en el Tribunal Supremo hay 23 plazas sin cubrir, equivalentes a un tercio de la plantilla. Por cada año que no se renueva el Consejo, el TS acumula en torno a mil asuntos de retraso, dijo el ministro.