El candidato del PP en Durango declarará el 29-M sobre el acoso de ETA a los políticos

El candidato del PP en Durango, Carlos García, declarará como testigo en la Audiencia Nacional el próximo lunes, horas después de la cita con las urnas, para dar testimonio del acoso al que sometió ETA al que fuera también concejal en la localidad vizcaína José María Pedrosa, asesinado por la banda terrorista el 4 de junio de 2000, uno de los 379 asesinatos todavía sin autor conocido.

El magistrado Alejandro Abascal ha citado además, también como testigos, a Juan José Gastañazatorre, número 3 de la lista de los populares en Durango (con la que el PP pretende desbancar a EH Bildu de la Alcaldía), y a José Urquizu, hijo del teniente coronel del Cuerpo de Sanidad José María Urquizu, asesinado en Durango el 13 de septiembre de 1980, en la farmacia que regentaba la familia en el municipio.

Tras admitir a trámite una querella de Dignidad y Justicia (DyJ), Abascal investiga a diez exjefes de ETA por asesinato, coacciones y amenazas terroristas por este atentado, detrás del cual el magistrado aprecia una "estrategia de terror continuada, indiscriminada y persistente".

La proximidad de la convocatoria electoral ha hecho que la asociación que preside Daniel Portero (que también figura de forma simbólica en la lista de Durango), teniendo en cuenta la condición de candidatos de dos de los tres testigos cuya citación impulsó, haya solicitado al instructor -en un escrito al que ha tenido acceso este periódico- que retrase un par de horas las comparecencias (previstas en un principio para las diez de la mañana), para que "les pueda dar tiempo a viajar en la mañana del lunes" hasta Madrid.

El sepelio del concejal: "ETA mátalos"

Precisamente el pasado día 18, Carlos García -que decidió entrar en política tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco- recordaba en las páginas de LA RAZÓN cómo le marcó el asesinato de Jesús Mari Pedrosa. "Fue durísimo. Cuando le velábamos en el salón de plenos de Durango, en la calle algunos gritaban, en el silencio de la noche: «ETA mátalos»". Ese día, aseguró, se le quedó "grabado el odio" de los radicales proetarras hacia los políticos del PP. "En recuerdo de Pedrosa voy a conseguir entrar en el Ayuntamiento", aseguraba el candidato en su empeño por desalojar a EH Bildu del Consistorio.

En la resolución en la que admitió a trámite la querella de DyJ, el juez de la Audiencia Nacional argumentó que el atentado contra Pedrosa no fue solo un asesinato terrorista pues supuso, además, "una amplificación y un refuerzo de esa amenaza terrorista, formando parte de esa estrategia de terror continuada y no puntual, indiscriminada y persistente, hasta el año 2011".

Una estrategia, señaló, con la que "no solo se acaba con la vida de la concreta persona", sino que "se alimenta ese clima de amenaza creado con vocación de perdurar durante el tiempo". Era precisamente ese clima de amenazas el que tuvo que sufrir el concejal del PP -a quien ETA reclamó sin éxito el pago del impuesto revolucionario- para que abandonara el País Vasco antes de ser finalmente asesinado, según puso de manifiesto en la querella el abogado de Dignidad y Justicia Miguel Ángel Rodríguez Arias.

Diez exjefes de ETA investigados

Abascal mantiene investigados en este procedimiento a Ignacio Gracia Arregui, "Iñaki de Rentería"; Javier García Gaztelu, "Txapote"; Juan Antonio Olarra Guridi; Ainhoa Múgica; Asier Oyarzábal; Juan Carlos Iglesias Chouzas, "Gadafi"; Mikel Albisu, "Mikel Antza"; Vicente Goicoechea; Ramón Sagarzazu y María Soledad Iparraguirre, "Anboto".

Dignidad y Justicia exponía en su denuncia que el asesinato de Pedrosa se llevó a cabo por su "resistencia cívica y heroica a abandonar el País Vasco" tras una "larga campaña de coacciones y amenazas terroristas". Para la asociación de víctimas, se trató de un crimen "instrumental o ejemplificante" cuyo objetivo era amedrentar a "otros muchos perseguidos a los que ETA igualmente quería expulsar" del País Vasco. No en balde, según los datos del Instituto Vasco de Criminología entre 60.000 y 200.000 personas se vieron forzadas a dar ese paso por el acoso de ETA y el entorno proetarra (del 5 al 10% de la población).