Casi 20 años de cárcel para Urdangarín por ocho delitos

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach pone hoy el punto final a cuatro años de intensa investigación en el «caso Nóos» con un escrito de acusación de casi 700 folios en el que ha pedido que se sienten en el banquillo catorce imputados que se enfrentarán en conjunto a más de 100 años de cárcel por la supuesta apropiación de más de seis millones de euros de la Administración, entre 2003 y 2006, por parte del Instituto Nóos. Quienes eran sus dos principales rectores –Iñaki Urdangarín y Diego Torres– son, precisamente, los que se enfrentan a las penas más altas. El duque de Palma se enfrentará a una petición fiscal de casi 19,5 de cárcel por ocho delitos: malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude a la Administración, estafa, dos delitos fiscales, blanqueo y falsedad en documento público y mercantil. Por su parte, para Torres, el antiguo socio de Urdangarín, el fiscal solicitará más de 16,5 años por idénticos delitos (aunque en su caso sólo le imputa un delito fiscal, de ahí que la petición de condena sea menos severa).

Sin embargo, Anticorrupción acuerda el sobreseimiento respecto a seis imputados. Además de la Infanta, Horrach pide el archivo de las actuaciones respecto al vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau (imputado a última hora a instancias de la Audiencia Provincial de Palma); una medida que también afectará a Miguel Tejeiro, uno de los cuñados de Diego Torres y ex administrador de varias empresas satélite del Instituto Nóos, y al abogado especializado en Derecho Tributario Salvador Trinxet, a quien el fiscal señalaba como la persona que habría ayudado a Torres y Urdangarín a blanquear supuestamente las ganancias de Nóos en el extranjero. Igualmente, la Fiscalía no acusará al ex director financiero de Madrid 2016 Gerardo Corral ni al ex director general de la candidatura olímpica Miguel de la Villa.

Matas y Coghen

Muy beneficiada también del escrito de acusación resultará la esposa de Diego Torres, Ana María Tejeiro, quien a través de su abogado, Manuel González Peeters, se ha quejado una y otra vez a lo largo de un supuesto agravio comparativo en relación con la Infanta por su situación judicial. La Fiscalía archivará, según las fuentes consultadas, todas las imputaciones contra ella salvo la de blanqueo de capitales, por la que se enfrentaría a una pena menor.

Entre los imputados que el fiscal Horrach cree que deben sentarse en el banquillo en el «caso Nóos» también figuran el ex presidente balear Jaume Matas y la ex consejera delegada de Madrid 2016 Mercedes Coghen.

Matas se enfrentará a una petición de condena de 11 años de prisión por los delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude a la Administración. El fiscal Horrach considera que fue la persona clave para que la Administración balear firmase con el Instituto Nóos los convenios de colaboración por los que la entidad sin ánimo de lucro percibió en 2005 y 2006 casi 2,3 millones de euros orillando conscientemente, según el Ministerio Público, la normativa que regula la contratación administrativa.

Coghen, por su parte, tendrá que afrontar una solicitud de seis años de cárcel por las subvenciones que otorgó Madrid 2016 –de la que Coghen era consejera delegada– a la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (Fdcis) de Torres y Urdangarín entre 2007 y 2009 por un total de 144.000 euros en contraprestación a unos trabajos de lobby de los que, según la Fiscalía, no existe constancia documental alguna.

Rato y Camps, como testigos

El ex contable del Instituto Nóos Marco Tejeiro –que el pasado julio apuntaló la versión de la Fiscalía sobre la responsabilidad de Torres y Urdangarín en Nóos, una confesión que buscaba mejorar su situación procesal por colaborar con la investigación– no figura entre los seis a quienes Anticorrupción ya no acusa. Pero, como le sucede a su hermana Ana María, tampoco se las verá con una elevada petición fiscal, pues previsiblemente ésta no será superior a los dos años de cárcel.

Horrach pedirá que declaren en el juicio como testigos la propia Infanta Cristina y, entre otros, el ex ministro Rodrigo Rato; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el ex presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; el ex jefe de la Casa del Rey Carlos García Revenga y el antiguo jefe de la Casa Real Alberto Aza. En total, la lista supera las 300 testificales.

En su exhaustivo escrito de acusación, el fiscal Horrach desgrana los convenios firmados por el Instituto Nóos con las administraciones balear y valenciana entre 2003 y 2006, por los que la entidad sin ánimo de lucro ingresó más de seis millones de euros. Horrach insiste en que Torres era el autor intelectual de los proyectos y que el duque de Palma se dedicaba a la labor institucional. Al no poder obtener beneficios a través de Nóos, derivaban las ganancias a una red de empresas instrumentales, dice el fiscal.