El CGPJ plantea a Justicia una reforma para que la Audiencia Nacional investigue las "narcolanchas"

La tragedia de Barbate ha dejado en evidencia la falta de recursos de los juzgados de la provincia de Cádiz para dar una respuesta eficaz en los procedimientos por narcotráfico. Ahora, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha pedido un informe para conocer las medidas que puede aplicar para mejorar el funcionamiento de los tribunales de varias localidades gaditanas y ha pedido al Ministerio de Justicia que valore varias reformas legales, una de ellas, para que la Audiencia Nacional sea competente sobre los delitos de narcotráfico independientemente del ámbito en el que se desplieguen sus efectos y que incluya la investigación de las "narcolanchas".

La Comisión Permanente ha pedido un dictamen al Servicio de Inspección para que le entregue información detallada sobre la situación en la que se encuentran los juzgados de primera instancia e instrucción de las localidades de Barbate, La Línea de la Concepción y Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz (19 en total), así como los de Ayamonte y Moguer, en Huelva.

Son zonas en las que los órganos jurisdiccionales se han visto colapsados por la actividad de los narcotraficantes y la violencia vinculada al tráfico de drogas, tal como ocurrió con la tragedia de Barbate, en la que una narcolancha acabó con la vida de dos agentes de la Guardia Civil que patrullaban en una zodiac la noche del viernes 9 de febrero.

El informe deberá incluir una propuesta con las medidas necesarias para paliar la situación en la que se encuentren, especificando cuáles de ellas son competencia del órgano de gobierno de los jueces.

La decisión de la Comisión Permanente se adopta a partir de un escrito que la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) le remitió el 27 de febrero. En él, denuncia la situación de dichos juzgados, que son competentes tanto en materia civil como penal y adjunta un informe que advierte de la sobrecarga de trabajo que estos órganos judiciales soportan como consecuencia de la tramitación de causas complejas por delitos relacionados con el narcotráfico.

Reformas desde Justicia e Interior

En el documento se da cuenta de otras propuestas que atañen directamente al Ministerio de Justicia, que lidera Félix Bolaños, y el de Interior, que encabeza Fernando Grande-Marlaska.

De acuerdo con la Comisión Permanente, Justicia debería reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para implementar cuatro medidas. La primera de ellas es la asunción por la Audiencia Nacional de la competencia sobre los delitos de narcotráfico, independientemente del ámbito en el que se desplieguen sus efectos.

Em segundo lugar, liberar al juez instructor de la resolución de recursos de reforma y limitar los supuestos en los que quepa interponer recursos de apelación contra decisiones del instructor. También se necesitaría de esta reforma para establecer un complemento salarial de peligrosidad o penosidad en las zonas consideradas especialmente conflictivas por la investigación de delitos como el narcotráfico, el blanqueo de capitales u otros similares vinculados a organizaciones o grupos criminales. Por último, también se plantea la implantación de los Tribunales de Instancia a medio plazo y unificación de los sistemas de gestión procesal.

Al Ministerio del Interior se ha elevado la propuesta relativa al refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con medios para la persecución de esos delitos.

También ha comunicado a la Junta de Andalucía y a Justicia la propuesta consistente en una mejora en la dotación de medios materiales y personales, incluyendo el nombramiento adicional de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) y funcionarios para que estos juzgados puedan desarrollar sus funciones con mayor eficacia en zonas fuertemente golpeadas por las actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.