Citas secretas, maniobras sobre la Policía y la mano de Ferraz: la "fontanería" que ha hecho estallar a Aldama

Víctor de Aldama pasa al contraataque. Desde el estallido del "caso fontanera", hace diez días, el comisionista había permanecido en silencio. Hasta ahora. Su irrupción en la surrealista rueda de prensa de Leire Díez este miércoles fue un segundo aviso a navegantes de que tiene material contra Moncloa y lo va a sacar. El primero lo dio a su salida de Soto de Real horas después de que Pedro Sánchez le negara en público. "El presidente me ha llamado delincuente. Si quiere pruebas que no se preocupe que las va a tener", dijo. Y lo cumplió.

Fuentes del entorno del comisionista confirman a LA RAZÓN que nunca se ha visto con esta "fontanera" de la que ahora se desliga el PSOE. Sin embargo, es plenamente consciente de que está en su diana. De hecho, los movimientos de la todavía militante socialista se focalizaron en los últimos meses en dos objetivos clave: la Guardia Civil y él mismo. Las alertas saltaron en Ferraz tras su detención en octubre por un fraude de más de 200 millones en el sector de los hidrocarburos. Poco más de un mes en prisión le bastó para cambiar de estrategia y comenzar a tirar de la manta con el foco puesto en el Gobierno de Pedro Sánchez.

Este miércoles, en una actuación "en caliente" y de la que no tenía conocimiento su abogado, irrumpió en el acto para llamarle "sinvergüenza" y señalar, otra vez, al presidente del Gobierno. Aldama sitúa a Ferraz y a Moncloa detrás de esta militante, consciente de que ha buscado trapos sucios suyos para evitar que siga disparando contra el Ejecutivo de Sánchez. En ese sentido fue crucial el encuentro que la "fontanera" socialista protagonizó con Rubén Villalba, el comandante de la Guardia Civil imputado en el caso Koldo.

Cambiar a la UCO por la Policía

Ambos se vieron dos veces en marzo. En una de esas citas, Díez le pidió material contra Aldama y contra la UCO. La también periodista sabía muy bien a qué puerta tocaba puesto que Villalba perteneció al Servicio de Información de la Guardia Civil y conoce muy bien los entresijos del cuerpo militar.

También tiene relación con Aldama. Del sumario se desprende que éste último le pagó unos 2.000 euros mensuales en "B", a cambio de garantizar seguridad a la trama. Además, a ambos les defiende el mismo despacho de abogados. En ese sentido, prometieron a Villalba que saldría indemne del caso Koldo (previa mediación con el fiscal que lleva la causa) y que el Ministerio del Interior le garantizaría un muy buen destino. Hablaron de una embajada.

En tercer lugar se abría la puerta a un cambio radical de la Policía Judicial. El mismo pasaría porque la UCO perdería el control de estas diligencias y pasaría a manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Este movimiento era especialmente clave para los emisarios del PSOE, puesto que la UCO (con el teniente coronel Antonio Balas al frente) dirige todas las causas sensibles que afectan de lleno a Sánchez.

Fuentes de toda solvencia confirman a este medio que Díez le ofreció incluso hasta un cambio de abogado pero el trato implicaba que su "confesión" se realizaría ante la Policía Nacional. Su objetivo pasaba, pues, porque la UDEF canalizara la cascada de irregularidades que querían achacar a la Guardia Civil para que su unidad de élite acabara perdiendo el control de causas como la abierta contra la mujer y el hermano del presidente del Gobierno, respectivamente, o el caso Koldo.

El entorno de Ferraz contactó al comandante

Las mismas fuentes aseguran que Villalba se negó en rotundo. No se fio. Y ello pese a que accedió a sentarse con Leire Díez porque le contactaron piezas más importantes que esta militante de base. En concreto, personas de la cúpula de Ferraz a quien él daba especial credibilidad. Sin embargo, fue un encuentro fallido. Al menos para llegar a un acuerdo. Pero Aldama ya sabía qué fichas se movían a sus espaldas. "Me gustaría saber quién les manda (...). Cada vez que iban a una reunión pedían información sobre mi. El PSOE quiere callarme", deslizó este mismo miércoles.

Para aquel mes marzo, Aldama ya había protagonizado dos confesiones, una en la Audiencia Nacional y otra en el Tribunal Supremo. Además, había aportado documentos sobre un presunto amaño de obra pública en el Ministerio de Transportes de José Luis Ábalos con notas manuscritas de Koldo García. Una pericial caligráfica encargada por el juez del caso, Leopoldo Puente, demostró que, efectivamente, era la letra del asesor del ministro.

Sus confesiones han forzado, además, las comparecencias de los jefes de gabinete de María Jesús Montero y de Reyes Maroto, en los Ministerios de Hacienda e Industria, respectivamente. Ambos terminaron reconociendo en el Tribunal Supremo que le conocían. El primero, Carlos Moreno, negó haber cobrado en 'B' de la trama por hacerles un favor en Hacienda, pero admitió reuniones con él. El segundo, Juan Ignacio Díaz Bidart, también confirmó la famosa cita en el Ministerio de Industria con la que se buscaba agilizar la concesión de una licencia a la empresa clave de la trama de hidrocarburos.

El Supremo ya le cree

A ello se añaden otras acusaciones que han terminado por evidenciarse. Destaca, por ejemplo, los pagos del alquiler del piso de la expareja de Ábalos, Jesica Rodríguez, o el alquiler de la mansión que disfrutó Ábalos el verano de 2020 en Cádiz y un año después en Marbella. Igualmente, los mensajes interceptados por la UCO han terminado por demostrar que rindieron cuentas en tiempo real a los Hidalgo sobre las negociaciones para inyectar 475 millones de euros públicos a Air Europa.

El Supremo es consciente de ello y poco a poco ha ido suavizando su postura con Aldama. Si primero dijo que sus palabras carecían de valor probatorio, en sus últimos autos Leopoldo Puente ya avisa que conviene "no minimizar" las bombas que suelta en sede judicial. De hecho, su confesión sobre el presunto pago de 15.000 euros a Santos Cerdán o los 50.000 euros que le habrían pedido para Ángel Víctor Torres ha forzado la elaboración de un informe de la UCO del que están a la espera en el Tribunal Supremo.

Pero los dardos no van solo contra piezas clave del actual PSOE, sino contra el propio partido. En diciembre ya dijo que parte de las mordidas que habrían cobrado de los constructores, fueron al partido. Según dijo, estarían hablando de entre 3,5 y 4 millones de euros en total. A ellos se añadirían los 90.000 euros que la empresaria Carmen Pano llevó en dos tandas a Ferraz en 2020. Lo hizo por orden del propio Aldama.

Amenazas de muerte

Pero el comisionista sabe jugar sus cartas y todavía tiene munición por sacar. De hecho, en plena operación de fontanería del PSOE, Aldama recuperó un documento que, dice, puede hacer caer al Gobierno. Se trata de un sobre que le custodió su "hermanito", Alberto Escolano, en Calatayud y que le devolvió a los pocos días de salir de prisión. Por el momento lo atesora bajo llave.

También va a ser determinante lo que la UCO encuentre en el teléfono móvil incautado en su detención de octubre. Él mismo se abrió a ayudar a la UCO a descifrarlo y a recuperar su contenido. Según avisa, el dispositivo que contiene un terabyte de datos, oculta material que afectaría de lleno a varios ministros de este Ejecutivo. Los agentes trabajan ya en su informe sobre el contenido del mismo; material que, según Anticorrupción, es de "indudable importancia".

Mientras tanto Aldama sigue denunciando amenazas de muerte. Este mismo miércoles así lo expuso tras irrumpir en la comparecencia "pactada" con el PSOE de Leire Díez. Su retahíla de acusaciones contra Díez y Javier Pérez Dolset, a quienes llamó "sinvergüezas" y su señalamiento expreso a Pedro Sánchez, recordó a lo advertido en noviembre a las puertas de Soto del Real. Ahora queda la traca final.