El Colegio de Abogados de Madrid se querellará por la filtración en el caso del novio de Ayuso

El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentará una querella por el comunicado de la Fiscalía en el que se filtró la negociación entre el letrado de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y el fiscal del caso para un posible acuerdo de conformidad que finalmente no se concretó. En su momento, el órgano colegiado criticó que se vulnerase el secreto profesional que salvaguarda a los abogados defensores, pero ahora considera que se ha producido un delito de revelación de secreto.

El pasado 20 de marzo, el decano Eugenio Ribón dio cumplimiento a lo acordado por la Junta de Gobierno del ICAM, que había planteado presentar una denuncia doble por este caso. Ese día presentó una denuncia ante el Juzgado de Instrucción contra el Ministerio Fiscal por la nota de prensa oficial que difundió la Fiscalía Provincial de Madrid. En ella se detallaban datos concretos de comunicaciones del abogado de Alberto González, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, en el marco de un proceso de conformidad, en el que el acusado reconoce haber cometido uno o varios delitos a cambio de una reducción de la pena para evitar ingresar en prisión.

Actualmente, la juez titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, investiga a González Amador por supuestos delitos de fraude fiscal y falsedad en documento mercantil que denunció el Ministerio Público en base a un informe de la Agencia Tributaria. En el documento se daba cuenta de indicios de irregularidades en el pago del impuesto de sociedades y la presentación de facturas falsas.

Tras mostrarse crítico con esta revelación inédita por parte de la Fiscalía, ahora el ICAM ha anunciado que se personará como parte, presentando querella en los próximos días "contra autor desconocido de los hechos" y sin perjuicio de que la querella pueda ser competencia de instancias superiores, en caso de que los presuntos autores sean aforados.

Los hechos ocurridos el pasado 14 de marzo, a juicio del ICAM, “ofrecen indiciariamente caracteres constitutivos de un delito de revelación de secretos previsto en el artículo 417.2 CP, que sanciona el quebrantamiento por parte de una autoridad o funcionario público -en el caso que nos ocupa, del representante del Ministerio Fiscal-, del deber de sigilo y discreción que impone el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal”.

Sobre la autoría del presunto delito, el ICAM ya recogía en su denuncia que “el Ministerio Fiscal 'ejerce sus funciones por medio de órganos propios' (art. 124.2 CE y 2.1 EOMF)". Y que como la nota de prensa salió de la Fiscalía Provincial de Madrid, “habrá de estarse a la averiguación subjetiva de su autoría mediata o inmediata”.