El Colegio de la Abogacía denunciará por partida doble la filtración de la Fiscalía en el caso de la pareja de Ayuso

La Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) presentará dos denuncias, por la vía penal y por la administrativa, contra la filtración de datos que se produjo el pasado jueves en un comunicado que emitió la Fiscalía Provincial de Madrid y que desató una gran polémica por revelar información confidencial. En la nota de prensa, enviada a numerosos medios, se daba cuenta de las negociaciones para un posible acuerdo de conformidad que finalmente no se concretó. El documento detallaba algunas conversaciones entre el abogado defensor del empresario Alberto González y el Ministerio Público, incluyendo fechas y contenidos. González es la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado una campaña en su contra para contrarrestar el impacto del «caso Koldo», la trama de contratos públicos del Gobierno en la que se habrían cobrado supuestas comisiones ilegales.

Desde el ICAM explicaron que el objetivo de estas acciones legales es depurar responsabilidades y lograr la identificación completa de los autores finales de la filtración y que se puedan desarrollar las labores de instrucción necesarias. También se explicó que el procedimiento administrativo sancionador se basa en la infracción del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, en concreto, del artículo 62, que «sanciona expresamente la divulgación indebida de información por parte de cualquier miembro del Ministerio Fiscal, información obtenida durante o por motivo de sus funciones, especialmente cuando dicha revelación perjudica la integridad de los procesos judiciales o afecta a cualquier individuo involucrado», explicó el Colegio de Madrid.

Para el decano del ICAM, Eugenio Ribón, los hechos revisten una enorme gravedad, una valoración que ayer refrendó la Junta de Gobierno, reunida el lunes por la tarde para abordar la vulneración del deber de sigilo, que debe cumplir el Ministerio Público, y del secreto profesional, que ampara a la actividad de los letrados en el ejercicio de su profesión.

«La Fiscalía ha vulnerado su propia normativa», sentenció el decano en una declaración pública en la que destacó que la publicación de conversaciones y de las reuniones entre ambas partes afecta el derecho de defensa de González. En su intervención, señaló que la Junta de Gobierno analizó los hechos a partir de las funciones que recogen los estatutos del Colegio. «Bajo esas premisas y no cualquier otra» se evaluó el contenido del controvertido comunicado de la Fiscalía Provincial de Madrid. Con todo, recordaron que las actuaciones que acordaron partían de la base de reconocer la excelencia y la profesionalidad del cuerpo de fiscales en el desempeño de su función.

El pasado viernes, fuentes de la Fiscalía General del Estado comentaron a LA RAZÓN que el contenido del comunicado no revestía la gravedad denunciada desde distintas instancias porque no aportaba ningún dato nuevo fuera de lo que ya habían publicado varios medios de comunicación.

Sin embargo, la Abogacía de Madrid fijó las diferencias entre un hecho y otro. Mientras que Ribón reconoció que «cualquier tipo de filtración es indeseable», admitió también que no le compete comentar ni pronunciarse sobre filtraciones publicadas en el marco del trabajo periodístico. Sin embargo, sí era competencia del Colegio hacerlo respecto de un comunicado con carácter oficial que remitió la Fiscalía en el que dio cuenta de fechas y propuestas planteadas tanto por el letrado defensor como por el propio Ministerio Fiscal en el marco de la negociación de un acuerdo de conformidad. En este tipo de acuerdos, el acusado reconoce el delito a cambio de una condena menor. Algo «inédito», subrayó.

Al ser preguntado por la posible participación de quien desempeña el cargo de secretario general del ICAM desde el 1 de marzo, Luis Banciella Rodríguez-Miñón, el decano aseguró que no intervino en la reunión de la Junta de Gobierno del Colegio. «No ha influido ni ha participado en toma de decisión alguna», reiteró Ribón sobre Banciella, que fue jefe de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid. El decano insistió en que no tiene competencias en los servicios jurídicos del ICAM.

La carta del fiscal general

Ribón aseguró que no ha recibido ninguna comunicación por parte del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que sí envió una carta dirigida a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega.

En ella defendía que "se ha salvaguardado" la reserva en el caso de Alberto González, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que está siendo investigado por supuestos delitos fiscales y por unas facturas que Hacienda considera falsas. En ella sostiene que no es correcto afirmar que la voluntad de la Fiscalía sea interferir en las "sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal".

En el contenido, sostiene que el comunicado solo abordó aspectos que ya se conocían por haber sido revelados previamente por los medios de comunicación y que esto se hizo con el fin de defender la actuación de los fiscales. Según el decano, esta carta no llegó al ICAM y aseguró haber comprobado justo antes de su comparecencia si había recibido algún email u otra comunicación por parte de la Fiscalía General del Estado.