Las 17 comunidades y dos ciudades autónomas se han sentado este lunes con el Ministerio de Juventud e Infancia para debatir y fijar el proceso que se seguirá para reubicar a los miles de menores extranjeros no acompañados que hoy acogen mayoritariamente Canarias y Ceuta.

Las consejeras populares de la Comunidad de Madrid, Castilla-León, Galicia, Andalucía y la socialista de Castilla La-Mancha han mostrado su oposición a la propuesta que no ha llegado a ser sometida a votación por decisión del equipo de la ministra Sira Rego.

Estas comunidades del PP han anunciado que estudian ya posibles acciones legales para tratar de que se declare "nula de pleno derecho" la convocatoria extraordinaria de este lunes por no haberse votado, dejándoles sin posibilidad de dejar constancia formal de su oposición a lo que consideran una medida "ilegal", "arbitraria" y "forzosa". Estas nuevas acciones que serían paralelas a las que ya tienen en marcha ante el Tribunal Constitucional para intentar que la medida sea declarada inconstitucional.

Esta era la oportunidad que tenían las distintas administraciones regionales para introducir algún cambio, por unanimidad, en el real decreto que establece la forma en que se trasladará a los 4.400 niños inmigrantes desde el archipiélago canario y el enclave ceutí a la Península.

Al no haber salido de este encuentro ningún acuerdo de cara modificar algún punto, será el plan del ministerio que encabeza la ministra Rego, de Sumar, el que se aplique, tras haber sido aprobado por el Consejo de Ministros y convalidado, luego, en el Congreso de los Diputados, el pasado 10 de abril. En ello se parapetó la ministra 'sumarina' para defender que no cabía ningún plebiscito en la conferencia de hoy al haber recibido ya el visto bueno de la Cámara baja.

Según ha podido saber LA RAZÓN, el ministerio, en manos de Izquierda Unida, prevé iniciar el proceso para poner en marcha los traslados de los menores a partir de junio, con la llegada de las vacaciones de verano en los centro escolares, para así no afectar a su vida académica.

Sin embargo, trasladan estas fuentes gubernamentales que no será un trámite rápido y ágil dado que tienen que ser las propias regiones de origen y destino las que definan la forma concreta en que se trasmitirán la tutela del menor, sin intervención del ministerio, tal y como lo establece la legislación.

Para fijar qué regiones son las que tienen saturadas sus capacidades de acogida, el Gobierno tendrá en cuenta los datos de cuántos son los menores que hoy en día tutela cada una.

La mayoría de las comunidades hicieron llegar esta información. Excepto Aragón, que fue la única que no se la facilitó al ministerio, y otras populares, como la Comunidad de Madrid, Valencia y Extremadura, que los entregaron, pero -según el departamento de Juventud- de manera parcial o incompleta, por lo que, en estos casos, el ministerio tendrá en cuenta los últimos que manejan, que datan del 31 de diciembre de 2023.

La propuesta del equipo de Rego, que se trató en la cumbre interterritorial celebrada en la tarde de hoy, es que cualquier Ejecutivo regional podrá pedir al central que declare la situación de contingencia migratoria en su región cuando su ocupación exceda tres veces su capacidad normal.

Una vez se declare esta situación, cualquier menor extranjero no acompañado localizado en este territorio pasará automáticamente a figurar en el registro de menores extranjeros no acompañados que mantiene activo el Ministerio del Interior.

El texto del Ejecutivo establece como criterios para elegir qué administración autonómica está en mejores condiciones para acoger a los niños y adolescentes: población (50 %), renta per cápita (13 %), tasa de paro (15 %), esfuerzo de acogida (6 %), dimensionamiento del sistema (10 %), dispersión de la población (2 %) y las singularidades de ciudad fronteriza (2 %) e insularidad (2 %).

Y, a partir de entonces e independientemente de que esté certificada su minoría de edad, se trasladará al joven a otra región en 15 días, según los criterios establecidos, después de que tanto el propio afectado como la comunidad de destino hayan sido escuchados y se haya puesto en conocimiento de la Fiscalía.

Canarias critica el "paso atrás" dado hoy

La consejera de Bienestar social de Canarias, Candelaria Delgado, critico que con el encuentro de este lunes se ha dado "un pasó atrás" en la redistribución de los menores inmigrantes al haber entendido el ministerio que no había lugar a debatir su plan.

De igual forma, mostró sus dudas con que Rego haya adelantado que les convocará para una nueva reunión "dentro de dos meses" a fin de debatir la inclusión de nuevos criterios, más allá de los recogidos por el real decreto. "No hemos avanzado nada", lamentó.

El Gobierno da 10 días más a las CCAA para dar sus datos

Además, Rego ha anunciado que remitirá este mismo martes una "solicitud de información formal" a las comunidades autónomas para que en un plazo de 10 días proporcionen las cifras actualizadas de los menores migrantes no acompañados que tienen en sus sistemas de acogida con el objetivo de organizar un reparto "solidario y vinculante" por todo el territorio a partir de los citados criterios establecidos en el real decreto que se reforma el artículo 35 de la Ley de Extranjería.