Miguel Gallardo defiende, junto al PSOE, que ya es diputado de la Asamblea de Extremadura "a todos los efectos" desde la tarde de este pasado lunes.

Tras la renuncia de la diputada regional socialista María el Cruz Rodríguez y de los que iban por delante de él en la lista electoral, ha presentado una credencial de la Junta Electoral que le avala como parlamentario y, por ello, como aforado.

Sin embargo, el debate está abierto porque el reglamento de la Cámara autonómica extremeña recoge cuatro requisitos que se deben cumplir para poder ser considerado como diputado autonómico y disfrutar del aforamiento que lleva aparejado el cargo.

La primera condición de tener una credencial, en efecto, la cumple, tal y como publicó LA RAZÓN. Pero son otros los puntos de la legislación que no

Concretamente, el cuarto punto de esa normativa impone el deber de "prestar en la primera sesión del pleno a la que asista la promesa o el juramento de acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Extremadura si no lo hubiera hecho en la sesión constitutiva".

Su toma de posesión no se celebrará hasta la próxima sesión parlamentaria, programada para el próximo 29 de mayo.

Además, tiene que haber efectuado la presentación de "bienes, intereses y actividades", así como de una copia de su declaración del IRPF y de Patrimonio para que quede en manos del registro de la Asamblea de Extremadura.

Y, por último, debe haber cumplimentado su declaración de incompatibilidades profesionales en el ejercicio de su acta de diputado.

Habrá que ver si la jueza pacense que ha mandado a Gallardo al banquillo por el "caso David Sánchez", y su presunta implicación en los delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, se corrige y traslada el asunto al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) al tratarse ya de un aforado.

Le correspondería ser juzgado por la Sala d lo Civil y lo Penal, que preside la magistrada María Félix Tena, que es también presidenta de este alto tribunal.

En el auto con el que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz abrió juicio oral contra el hermano del presidente del Gobierno, el líder del PSOE extremeño y otros altos cargos trasladaba el asunto en su conjunto al Juzgado de lo Penal de Badajoz.

La razón de que no se asignase su enjuiciamiento a la Audiencia Provincial pacense es que las penas a las que se enfrentan de manera individual cada uno de los acusados son inferiores a cinco años.