Dignidad y Justicia acusa al Gobierno de filtrar la respuesta de Suiza al juez de Tsunami antes de remitirla a la Audiencia

Dignidad y Justicia (DyJ) acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de filtrar la respuesta de la Justicia Suiza sobre Marta Rovira "antes incluso" de remitir la información al juez Manuel García Castellón, que instruye la causa de Tsunami Democràtic por los disturbios provocados en las protestas contra la sentencia del "procés" en 2019.

En un comunicado, la asociación que preside Daniel Portero, personada en el procedimiento como acusación popular, se queja de que el Ejecutivo utilice las instituciones del Estado "con fines partidistas sin ningún pudor", señalando al Ministerio de Justicia por haber "filtrado a medios de comunicación afines" la respuesta de Suiza a la comisión rogatoria cursada por la Audiencia Nacional el pasado noviembre, por la que el instructor reclamaba la localización de la dirigente de ERC e información sobre una cuenta bancaria de la que es titular.

La respuesta de la Oficina Federal de Justicia de Suiza -en la que reclama más información a García Castellón y cuestiona la petición española, dejando entrever que en su opinión se trata de una solicitud de carácter "político"- ha sido adelantada hoy por el diario El País y la cadena Ser, lo que según DyJ "implica que tuvo que ser remitida a estos medios al menos durante el día de ayer, cuando aún no había llegado siquiera" a la Audiencia Nacional.

"Fagocitar el Poder Judicial"

La respuesta de Suiza, señala la asociación de víctimas, no ha llegado al juzgado de García Castellón hasta esta misma mañana por vía telemática y "aún no ha sido remitida a las partes personadas en el procedimiento". Dignidad y Justicia se queja, de hecho, de que "sigue sin tener acceso a la contestación helvética".

Dignidad y Justicia se queja de que dado que la respuesta helvética "llegó al Ministerio de Justicia a finales de diciembre", esta ha permanecido durante casi dos meses en el ministerio que dirige Félix Bolaños "sin ser remitida a la Audiencia Nacional".

"Esta utilización de documentación judicial y de los tiempos de los procesos supone un uso partidista de las instituciones", afirma DyJ, cuyo objetivo es "dar propaganda a un escrito que favorece a los imputados de partidos socios del Gobierno".

Dignidad y Justicia anuncia que adoptará "las acciones legales oportunas para depurar responsabilidades por estos gravísimos hechos, que únicamente sirven para torpedear la independencia judicial y que demuestran la intención clara de este Gobierno de fagocitar el Poder Judicial".