Dos dictámenes avalan la legalidad de las obras del Auditorio de Murcia

La defensa del presidente de la Región, Pedro Antonio Sánchez, aportó dos dictámenes oficiales, uno pericial y otro judicial, que respaldan la actuación jefe del Gobierno sobre la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras, y muestran la injustificable acusación sobre la que se basa el fiscal.

Así, según los informes a los que ha tenido acceso LA RAZÓN, el dictamen del ex Decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Región, Antonio García Herrero, resalta que puede afirmarse «que la totalidad de los fondos certificados se han empleado en la construcción de las obras existentes», y apunta a que debe considerarse que se ejecutaron las obras que se habían contratado «salvo las precisiones que la futura liquidación determine». En este sentido, y «en contra de lo denunciado», García Herrero subraya que no se ha practicado la liquidación de las obras ya que la presentación de la Certificación «tras el acto de Recepción de la obra no puede considerarse incluida en el proyecto inicial».

El informe detalla que, de acuerdo con todos las mediciones aportadas, el dinero correspondiente al proyecto modificado se ejecutaron. «El informe pericial plantea que la cuestión se basa entre la relación de la obra contratada y certificada por una parte y, por otra, la obra realizada».

Así, después de que se aprobara el Proyecto Modificado, la obra contratada pasó a ser aquella que contiene «en detalle» dicho proyecto, dejando por lo tanto de estar en vigor el Inicial. El dictamen recoge, asimismo, que existe una sentencia de la magistrada del Juzgado Contencioso Administrativo de Murcia, Pilar Rubio, sobre el concurso de la redacción del proyecto, «que respalda la legalidad de la adjudicación».

A lo sumo, cabe añadir el dictamen jurídico del catedrático de Derecho Administrativo Ramón Entrena Cuesta, que recoge en 94 páginas un informe que desmonta cualquier tipo de acusación de la Fiscalía. Según las conclusiones del que fuera letrado de las Cortes Generales, «no existe en la actuación de Pedro Antonio Sánchez dolo alguno que permita responsabilidad penal». De hecho, se remarca que el actual presidente no ha prevaricado y que, por tal motivo, tampoco ha existido un delito de fraude administrativo. «No se ha pagado un euro de más, por lo que no hay malversación, y tampoco existe documento alguno falsificado».

En el texto, además, se aportan abundantes detalles y jurisprudencia que aclaran «la legalidad de todo el proceso de adjudicación y construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras, puesto en duda por la acusación».

En ese sentido, sobre la adjudicación del proyecto, Entrena afirmó que la sentencia de la magistrada Rubio «deja definitivamente zanjadas prácticamente la casi totalidad de las cuestiones jurídicas y administrativas que plantea la querella de la Fiscalía». Se respalda, así, que el proyecto ganador era muy diferente al básico redactado para obtener la subvención de seis millones.

200 folios

Cita también jurisprudencia del Supremo que indica que el proyecto no tenía que ser visado por el Colegio de Arquitectos, al tratarse de trabajo para la Administración Pública, «cumpliéndose con la legislación de publicidad de los concursos vigente en el momento de la adjudicación».

Señala el «olvido» de la posterior aprobación de un «modificado» conforme a Derecho, porque las obras a realiza sí se hicieron y la querella de la Fiscalía «no tiene rigor». Se trata, según el dictamen de Entrena, de un «típico caso» en el que el presupuesto inicial se quedó corto, con lo cual, en vez de aumentar el precio del contrato, se optó por rebajar la obra, manteniendo el precio primeramente establecido, es decir, los seis millones. La defensa del presidente cuenta con más de 200 folios de expertos que ya han sido puestos a disposición de la Justicia.