El abultado coste de las prisas de Álvarez

La reciente decisión del Tribunal de Cuentas de abrir una investigación especial sobre un incremento del 230% en el coste para el erario público de un tramo de las obras del AVE Madrid-Barcelona ha vuelto a poner en el punto de mira a Magdalena Álvarez, que a su implicación en el caso de los ERE fraudulentos añade ahora su papel al frente del Ministerio de Fomento precisamente cuando cuando finalizaban estas obras y había prisa para «hacerse la foto. El órgano fiscalizador llamó la atención en su momento sobre el hecho de que en «numerosas modificaciones de los proyectos no se cumplieron los requisitos exigidos en el artículo 101 de la TRLCAP (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas)». Este artículo estipula que para que se pueda modificar el contrato de un proyecto tienen que existir «necesidades nuevas o causas imprevistas». Sin embargo, lo que se hizo fue calificar como «causas imprevistas cuestiones que respondían a vicios de los proyectos debidos a indefiniciones u omisiones». En otras ocasiones, «las modificaciones de los contratos vinieron motivadas por una defectuosa ejecución en la construcción».

El propio Tribunal de Cuentas publicó en abril de 2013 un informe de fiscalización (en la imagen a la derecha de estas líneas) de las principales contratas llevadas a cabo por la Administración en el que se llamaba la atención sobre un tramo en concreto de las obras entre Hospitalet y La Torrasa. Este tramo, de tan sólo 2,72 kilómetros y situado muy cerca del final de esta línea de alta velocidad, fue rematado cuando se acercaba peligrosamente la fecha de las elecciones generales (9 de marzo de 2008), para las que esta histórica infraestructura de transporte era considerada como una baza fundamental en los intereses electorales del partido en el poder, el PSOE. ADIF ha achacado a las prisas de los dirigentes socialistas por finalizar el proyecto a tiempo de tan señalada fecha las causas de los importantes sobrecostes en los que se incurrió.

Durante la ejecución del citado tramo, cuyas obras coincidieron de principio a fin con el periodo en el que Magdalena Álvarez era titular de Fomento, se sucedieron incidencias que tuvieron como resultado once prórrogas, cuatro revisiones de precios, un contrato modificado y la redacción de un proyecto complementario, además de cinco expedientes de obras de emergencia. El resultado de todo ello hizo que un tramo con un coste proyectado de 122 millones de euros acabara costando 354 y que las obras, con un plazo de ejecución previsto de 20 meses, acabaran durando 58 y medio.

Los problemas comenzaron pronto, en junio de 2006, 13 meses después del comienzo de las obras. Debido a «cuestiones técnicas y peticiones de terceros» el Servicio de Inspección General del Ministerio de Fomento aconsejó que se suspendieran las obras en las unidades afectadas por la modificación del contrato, algo que hacía poco menos que imposible que la línea se inaugurara en marzo de 2008. El 3 de noviembre de 2006 Magdalena Álvarez sancionó con su firma la continuación provisional de las obras de un proyecto modificado que, debido a incidencias posteriores, tampoco pudo aprobarse. Finalmente, en abril de 2008, se presentó otro proyecto modificado que suponía un aumento de coste del proyecto original de 17 millones de euros y un plazo de ejecución de 4 meses. Es un hecho significativo, que habla a las claras del modo en el que se hicieron las cosas ante la inminente celebración de las elecciones, que el expediente de esta modificación no fuera aprobado hasta el 20 de abril de 2009, cuando las obras de las que era objeto ya habían sido finalizadas y la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona ya estaba en funcionamiento algunas semanas antes de los comicios. El informe del Tribunal de Cuentas deja claro que «ADIF justificó esta actuación con la autorización para la continuación provisional de las obras que había otorgado la Ministra de Fomento (Magdalena Álvarez) el 3 de noviembre de 2006 y que consideró válida para todas las obras construidas».

Ademas del tristemente célebre tunel del tramo Hospitalet-Torrasa, el Tribunal de Cuentas ha hecho público también que ha trasladado a su Sección de enjuiciamiento todo lo relacionado con deficiencias en el proyecto para las obras de construcción en otros tres tramos, los comprendidos entre Castellbisbal-Papiol, Hospitalet-Can Tunis y La Torrasa-Sans. Según el órgano fiscalizador estas deficiencias «determinaron la necesidad de realizar modificados de los contratos primitivos y/o contratos complementarios de los mismos». El coste total provocado ascendió a 18,2 millones el primer tramo, a 23,7 millones el segundo y a 126,7 millones el tercero, «sin que conste», advierten, «que se hubiera promovido la exigencia de responsabilidad alguna a los contratistas respectivos».