El bloque constitucionalista estalla otra vez por Cataluña

El duro cuerpo a cuerpo entre Gobierno y PP deja en evidencia la falta de consenso.

Cataluña está ya en el centro del mercado electoral. El bloque constitucionalista ha estallado en canal y vuelve a afrontar unas nuevas elecciones desde una fractura total en relación a la respuesta política a la nueva ofensiva independentista. Quedan tres semanas para las generales del 10-N, mucho tiempo para que pasen muchas cosas, pero los altercados incontrolados en Cataluña y el empuje de Vox han forzado a que también el PP se haya visto obligado a endurecer su discurso y a marcar distancias con el PSOE.

En paralelo el Gobierno deja ya de avistar la ensoñación del consenso y entra también a morder en el cuello a sus adversarios políticos por el tema catalán. A la espera de acontecimientos, porque la situación puede darse la vuelta de un momento a otro en la medida en que el presidente Sánchez fuerce alguna medida extraordinaria en Cataluña que PP y Ciudadanos tendrían que respaldar.

Si ya lo venían anticipando, ayer llegó el choque definitivo. La polémica se encendió a cuenta de una fotografía del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cenando en un restaurante próximo a su ministerio mientras estaban produciéndose los disturbios de Barcelona. El PP llegó a exigir la dimisión de Marlaska por haber salido a cenar con su jefe de Gabinete, Rafael Pérez, tal y como adelantó ayer OK Diario. El secretario general de los populares, Teodoro García Egea, defendió que el Gobierno «está sobrepasado» y pidió la dimisión del titular de Interior a golpe de varios tuits. «Ayer con un policía que estaba conteniendo a los violentos en Barcelona, me dijo que no había bebido agua en varias horas por lo extremadamente difícil de la situación. Hoy indignado de ver que a esa hora su ministro disfrutaba de la noche madrileña». Marlaska explicó que había estado en su despacho desde las ocho de la mañana hasta las once de la noche y que salió a cenar una hamburguesa con su jefe de Gabiente y volvió una hora después.

El Gobierno respondió a los ataques del PP con la misma dureza en la que entra la estrategia del principal partido de la oposición, con lo que el resultado es un cruce de descalificaciones, reproches y acusaciones mutuas de hacer eletoralismo con la situación en Cataluña. En el caso del Ejecutivo en funciones, la línea argumental la adelantó la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, en una entrevista con Susanna Griso en Espejo Público. Al tiempo que el PP convertía en tema del día la exigencia de dimisión de Marlaska.

Los puentes que quedaban entre Gobierno y PP se han empezado a dinamitar intencionadamente para que todas las partes puedan colocarse en trincheras opuestas por estrategia electoral.

El PP afea al candidato socialista que convocara la ronda de entrevistas del martes para no ofrecer ninguna hoja de ruta frente a la situación crítica en Cataluña por las algaradas violentas protagonizadas por grupos independentistas.

El Gobierno sostiene que sí hay plan, y que Sánchez se lo explicó tanto a Pablo Casado como Albert Rivera. «Los dos saben que no se dan las circunstancias para aplicar medidas excepcionales como la Ley de Seguridad Nacional mientras los Mossos sigan cooperando», sostienen en La Moncloa. En coherencia con lo que les ha pedido el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonés, de Esquerta, que es tiempo y que no haya intervención mientras la policía autonómica cumpla con sus obligaciones.

Dentro del PP saben que una de las grandes debilidades del Gobierno en funciones es que no tiene tan fácil, llegados a este punto, responder con una medida eficaz, más allá de la actuación policial, a la violencia en Cataluña. La Ley de Seguridad Nacional cojea, y más en tanto que los Mossos sigan trabajando coordinados con las Fuerzas de Seguridad del Estado. Bien lo sabe el Gobierno de Mariano Rajoy que desechó utilizar esta iniciativa legislativa impulsada por ellos. Y el artículo 155 de la Constitución está limitado por la posición fijada por el Tribunal Constitucional, como reconoció ayer la «número uno» del PP por Cataluña, Cayetana Álvarez de Toledo, en Antena 3. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, juega con precisión sus cartas, al menos hasta ahora, para no cruzar la frontera de «hechos» tangibles que permitan promover una nueva intervención de la Generalitat.

La actual radiografía demoscópica sigue rebajando la horquilla de escaños del PSOE. Y la situación está tan abierta que los efectos de la evolución de la crisis catalana pueden ser determinantes en si la balanza se inclina del lado de una victoria socialista o, por el contrario, Casado consigue al menos un escaños más que Sánchez.