El desafío independentista

El relevo en la Fiscalía, clave

La acusación de rebelión y su postura sobre la libertad de los ex consellers marcarán el rumbo del nuevo fiscal general respecto al «procés»

Julián Sánchez Melgar, en una imagen de archivo / Efe
Julián Sánchez Melgar, en una imagen de archivo / Efelarazon

La acusación de rebelión y su postura sobre la libertad de los ex consellers marcarán el rumbo del nuevo fiscal general respecto al «procés».

¿Qué esperan los independentistas que cambie con la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa?

Tanto Torra como, ayer mismo, su conseller de Exteriores Ernest Maragall ya han dejado claro que, antes de recoger el guante de la oferta de diálogo lanzada por el líder socialista, la prioridad es buscar una solución para Puigdemont y el resto de huidos y para los ex consellers en prisión.

¿Puede realmente el nuevo presidente cambiar el rumbo de la actuación judicial contra los responsables del «procés»?

Las causas judiciales abiertas en el Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona contra los impulsores de la independencia seguirán su curso (con los primeros juicios previstos para el próximo otoño) al margen del cambio en La Moncloa, como no puede ser de otra forma en un Estado donde rige la separación de poderes.

¿Dónde pone entonces sus esperanzas el frente soberanista?

En la designación de un nuevo fiscal general del Estado (el actual, Julián Sánchez Melgar, cesó al cesar el Gobierno de Rajoy y se encuentra actualmente en funciones) que rebaje las acusaciones contra los procesados e investigados y que respalde la libertad de los ex consellers y líderes soberanistas que se encuentran en prisión.

¿Puede cambiar algo con la sustitución del actual fiscal general?

Hasta ahora, Sánchez Melgar ha respaldado tanto a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo adscritos a la causa por rebelión y malversación contra Puigdemont y su ex Govern como a los fiscales de la Audiencia Nacional que acusan de sedición al ex mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero. La llegada de un nuevo responsable de la Fiscalía General abre la incógnita de si esa autonomía se mantendrá.

¿En qué podría plasmarse ese cambio de rumbo?

Sin ir más lejos, en la posición de la Fiscalía sobre las reiteradas peticiones de libertad de los ex consellers en prisión. Hasta ahora, el Ministerio Público siempre se ha opuesto a su salida de prisión alegando riesgo de reiteración delictiva y, en su caso, peligro de fuga. Con la excepción de su aval (precisamente por imposición del fiscal general aduciendo «motivos humanitarios») a la libertad del ex conseller Joaquim Forn, que finalmente denegó el Tribunal Supremo.

¿La acusación de rebelión contra Puigdemont y el resto de líderes independentistas puede variar?

A día de hoy, no. Pero sí puede hacerlo cuando la Fiscalía presente sus escritos de acusación correspondientes con vistas a los juicios que se celebrarán en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional. En ambos casos, la decisión final se prolonga más en el tiempo, pues el Ministerio Público no tiene que presentar sus peticiones definitivas de condenas hasta el final de la vista oral, cuando por tanto también podría alterar los delitos imputados.

¿Cómo puede alterar un posible cambio de rumbo la presencia de VOX, como acusación popular, en la causa del Supremo contra el «procés»?

Sustancialmente, pues aunque la Fiscalía rebajase sus acusaciones VOX tiene intención de mantenerlas, lo que no condicionaría al tribunal a la hora de dictar sentencia (el principio acusatorio impide a los magistrados imponer penas más allá de las peticiones de la acusación, por lo que si sólo la ejerciera la Fiscalía el listón sería el del Ministerio Público).

¿De qué manera influiría la retirada de la acusación de rebelión en el procedimiento de entrega de Puigdemont?

La Fiscalía ha echado el resto en la tramitación de la euroorden para demostrar que sí hubo violencia en el «procés», algo que no ve el tribunal alemán encargado de pronunciarse sobre la extradición. Cualquier cambio en la acusación dejaría en entredicho la actuación del Ministerio Público y más teniendo en cuenta que el Supremo ya retiró la OEDE cursada a Bélgica precisamente para no comprometer la entrega por el delito de rebelión.