Oriol Junqueras

El Supremo inicia los trámites para preguntar al Tribunal de la UE sobre la inmunidad de Junqueras

El tribunal del "procés"mantiene en prisión al líder de ERC

Oriol Junqueras, en el Congreso de los Diputados
Oriol Junqueras, en el Congreso de los Diputadoslarazon

El TS mantiene en prisión a Oriol Junqueras pero activa el trámite para plantear una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de la inmunidad.

El Tribunal Supremo ha puesto en marcha la iniciativa procesal para dejar en manos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea la decisión sobre si Oriol Junqueras goza o no de inmunidad tras su elección como eurodiputado en las elecciones del 26-M y su posible repercusión en la negativa del tribunal del juicio del “procés” a permitirle acudir al Congreso el pasado día 17 a jurar o prometer acatar la Constitución y el próximo día 2 a la sesión constitutiva del Parlamento Europeo.

En una providencia, la Sala, presidida por el magistrado Manuel Marchena, ha instado a acusaciones y defensas a pronunciarse en el plazo de tres días sobre la necesidad -antes de resolver el recurso de la defensa de Junqueras contra la decisión del TS de denegarle el permiso para salir de la cárcel y realizar esos trámites y acudir a Bruselas a la constitución de la Eurocámara- “de dirigirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea” para plantear una cuestión prejudicial que dirima el alcance del artículo 9 del Protocolo del Tratado de la UE en relación a “los privilegios y las inmunidades de la Unión Europea y su incidencia en la concesión del permiso solicitado” por la defensa del líder de ERC “para asistir a la Junta Electoral Central y cumplimentar ante ella los trámites necesarios para adquirir la condición del Parlamento Europeo”.

El Tribunal Supremo quiere así curarse en salud, recabando la opinión del tribunal de la UE, antes de reiterar su negativa a que Junqueras pueda adquirir la condición plena de europarlamentario para evitar un posible tirón de orejas de Estrasburgo por una hipotética vulneración del ejercicio del derecho de participación política por parte del líder independentista.

El pasado día 14, el tribunal del “procés” rechazó dar permiso a Junqueras para salir de prisión a cumplimentar los trámites en la Cámara Baja como paso previo a su viaje a Bruselas el 2 de julio. La Sala esgrimío la fuga de Puigdemont, y su presencia en Bélgica, para argumentar el “irreversible peligro” que para los fines del proceso supondría autorizar ese desplazamiento. “Implicaría, de entrada -aseguraban los magistrados en su resolución- la pérdida del control jurisdiccional sobre la medida cautelar que le afecta y ello desde el instante mismo en que el acusado abandonara el territorio español”. Bruselas, recordaban, es además “el lugar en el que uno de los procesados en rebeldía dice haber instalado la sede del gobierno de la república catalana en el exilio, cuya presidencia él encarnaría”.

La Abogacía del Estado sí se mostró favorable a la salida de prisión del líder de ERC para cumplimentar ese trámite imprescindible para adquirir la plena condición de eurodiputado y, por tanto, poder gozar de la inmunidad parlamentaria.

El tribunal, sin embargo, matizó que la medida no suponía para Junqueras una “pérdida irreversible” de su derecho de participación política, sino únicamente un “temporal aplazamiento hasta que, en función del eventual desenlace del proceso, desaparezcan los obstáculos que impiden el efecto adquisitivo de la condición parlamentaria”.

En el escrito en el que avala la decisión del juez Pablo Llarena de mantener la orden de busca y captura contra el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont, la Fiscalía ha insistido en que el líder independentista no está protegido por la inmunidad parlamentaria al no haber prometido o jurado acatar la Constitución, por lo que su escaño está vacante. Los fiscales del Tribunal Supremo Javier Zaragoza y Fidel Cadena dejaron claro que, en su opinión, la condición de miembro del Parlamento Europeo “se adquiere mediante el acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución ante la Junta Electoral Central”, un acto que se celebró el pasado día 17 y al que no acudió Puigdemont, puesto que hubiese sido inmediatamente detenido e ingresado en prisión provisional al estar vigente la orden de detención nacional contra él dictada por el juez Llarena.