Se empiezan a percibir grietas en el Gobierno por el procesamiento, inminente, del fiscal general. El auto de la Sala de Apelaciones avala que el caso llegue a juicio, manteniendo que García Ortiz es el principal sospechoso de haber filtrado el correo revelando el preacuerdo de la pareja de Díaz Ayuso. Su continuidad es defendida por Sánchez y la mayoría de los ministros, en tanto que Margarita Robles sitúa la decisión de dimitir en el propio García Ortiz. El matiz no es menor, puesto que la ministra de Defensa se aleja de la línea dura del entorno del presidente.

La situación se ha hecho insostenible, el estatuto fiscal prevé que los fiscales que están por debajo de García Ortiz estén obligados a dimitir si son procesados, sin embargo, al superior jerárquico se le aplica otro rasero.

Mientras, Sánchez espera que el procesamiento acabe en una absolución, el objetivo es reafirmar la tesis de persecución política y judicial a él y a su entorno. Sin duda, en medio del caso Cerdán, del procesamiento a su hermano y de la investigación judicial a Begoña Gómez, un final feliz para García Ortiz le serviría para establecer paralelismos que, aunque no los haya, en la batalla de la propaganda sería muy útil.

Si, por el contrario, el fiscal general dimitiese, algo defendido por casi todos los expertos, resultaría que el único que no asume responsabilidades por los enjuiciamientos sería el propio Sánchez.

Lo que se deja al margen es el deterioro institucional, la credibilidad de la fiscalía y la imagen internacional del país. En una situación como esta, García Ortiz podría ordenar a sus subordinados la petición de absolución.

Pero Sánchez está instalado en sus intereses inmediatos. Comenzó sus tiempos de presidente obligando a dimitir, por una sanción de Hacienda pagada años antes, a Màxim Huerta como ministro.

El cargo lo había prometido unas horas antes, pero a Sánchez le interesaba, en ese momento, aparecer como un justiciero de la limpieza. Años después, se encuentra asediado por procesos judiciales que le afectan directamente, pero la vara de medir es otra.

En su camino hacia un liderazgo autocrático, el presidente decide lo que es verdad y lo que es mentira, al margen, y por encima, de las actuaciones judiciales. No hay que analizar mucho para llegar a la conclusión que el único criterio que le guía es el de sus intereses personales. Eso no es socialismo.