Aunque la Fiscalía no respaldó la prisión provisional de José Luis Ábalos ni de Koldo García -que tampoco acordó el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente- tras la petición efectuada por las acusaciones populares el pasado 23 de junio, Anticorrupción se refirió a la supuesta trama delictiva como una "corrupción de alta intensidad".

Así consta en la transcripción de esas comparecencias, a las que ha tenido acceso este medio, en las que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, puso de relieve en la vistilla celebrada para decidir si el exministro de Transportes -investigado por pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación- iba o no a la cárcel, que "existe una enorme alarma social" por las revelaciones sobre las supuestas actividades ilícitas de la "trama Koldo".

Unas conductas que, destacó en su intervención el representante del Ministerio Público, "han generado en la sociedad española un sentimiento de repulsa generalizada" ante lo que definió como "una corrupción de alta intensidad que emana presuntamente de quien fue ministro del Gobierno del Reino de España", en referencia a Ábalos.

No obstante, Anticorrupción recordó que la alarma social "ya fue descartada como criterio para adoptar la prisión en su día por el Tribunal Constitucional" y que tras la reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en 2003, "la prisión provisional debe perseguir alguno de los fines" que recoge el artículo 503 (conjurar el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de prueba, teniendo en cuenta además la gravedad de los delitos imputados y que estos lleven aparejados penas superiores a dos años de prisión).

La organización criminal "se mantiene"

El fiscal expuso que aunque la supuesta organización criminal "de alguna manera se mantiene" en el sentido de que hasta el momento existe una "concordancia o sintonía en las líneas de defensa de los distintos miembros" de la misma (ni Santos Cerdán ni Ábalos ni Koldo han optado por colaborar con la Justicia, a diferencia del comisionista Víctor de Aldama), su capacidad de seguir delinquiendo ha desaparecido al no ostentar ya cargo público alguno.

Una argumentación que reiteró en la vistilla celebrada para decidir sobre la prisión provisional de Koldo García, exasesor de Ábalos en el ministerio, cuando que pese a que "la organización criminal que aparece sólidamente construida en esta causa" puede "mantenerse" en el tiempo, no sucede lo mismo con "la capacidad de continuidad delictiva" una vez despojados de sus cargos públicos.

En el caso de Ábalos y a su propósito de que la "modelo fotográfica" con la que se encontraba cuando la UCO registró su domicilio el pasado 10 de junio intentara ocultar un disco duro en el pantalón, la Fiscalía precisó que el riesgo de ocultación de pruebas había que ponderarlo a "futuro", "después de registrado el domicilio".

Tampoco apreció el fiscal -que abogó por mantener las medidas cautelares en vigor hasta entonces, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de commparecer cada 15 días en el juzgado, lo que finalmente acordó el juez- que Ábalos pudiese de seguir en libertad adoptar "determinadas represalias" contra testigos o coimputados atemorizándoles y "buscando su silencio".