La Fiscalía europea pide los pinchazos del "caso Koldo" y más informes de los contratos de Baleares y Canarias

La Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés) ha solicitado documentación adicional al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional (AN), que investiga el "caso Koldo”, con el foco puesto en las escuchas telefónicas realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y, más concretamente, en los antecedentes de los contratos que formalizaron los gobiernos de Islas Baleares y de Canarias con la empresa de la trama, Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL.

El decreto, de 9 de mayo, al que ha accedido LA RAZÓN, se centra en el atestado de la UCO 35/2024 para la detención de 14 personas y la práctica de 26 registros. De él, solicita la entrega de los informes referentes a los contratos adjudicados en Baleares y Canarias en la época en los correspondientes gobiernos autonómicos estaban liderados por Francina Armengol –actual presidenta del Congreso de los Diputados- y por Ángel Víctor Torres –actualmente ministro de Política Territorial y Memoria Democrática-. Asimismo, requiere el envío de los informes 197/2022 y 107/2023 entregados a la Fiscalía Anticorrupción.

En el oficio se pone el acento en el resultado de los pinchazos telefónicos y en las solicitudes de medidas adicionales en distintas fechas. Además, requiere los informes de la Agencia Tributaria posteriores al que ya se aportó, con fecha de 2 de febrero, en caso de que se hayan emitido.

El escrito señala que las actuaciones buscan “determinar si la Fiscalía europea podría ejercer su competencia” sobre estas adjudicaciones y se ampara en la cooperación reforzada que establece la ley vigente para solicitar estos antecedentes.

A principios de marzo, la Fiscalía europea abrió una investigación sobre los contratos del "caso Koldo" para la compra de mascarillas formalizados por los Ejecutivos de las Islas Canarias y de las Islas Baleares. El órgano vio indicios de presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, de acuerdo con las leyes españolas y con el Reglamento propio del Ministerio Público de la Unión Europea (UE).

Según se informó entonces, las actuaciones para determinar su competencia tienen su origen en una denuncia presentada por un particular. A partir de ahí, la Fiscalía ha puesto en marcha diversas diligencias con el objetivo de comprobar si los hechos denunciados encajan dentro de las funciones que tiene encomendadas.