Fuencisla Clemares, ex CEO de Google, se desmarca del «día a día» del software de Begoña Gómez

Fuencisla Clemares era la directora general de Google en España cuando internamente se decidió poner dinero en lo que era aún un proyecto de la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) para desarrollar un software. Por tanto, se entiende que ostenta la máxima responsabilidad en todo lo que pasaba en la filial de la tecnológica en nuestro país en aquellos días de 2022.

Clemares fue la primera directiva de la compañía que dio el «visto bueno» a la inversión, como ella misma le explicó al juez Juan Carlos Peinado el miércoles. Algo que hizo después de que su «equipo» le presentase la idea y le «tuviese buena pinta».

Según aseguró la ex CEO en su declaración como testigo, sabe que la propuesta llegó a través de un asesor de la cátedra de la esposa del presidente del Gobierno, que identificó como Jaime García Cantero. «Se estaba debatiendo la colaboración», dijo, y, al ver que «parece que encaja», miraron si había recursos económicos y siguieron para adelante, trabajando con la UCM en el programa informático.

Pero Clemares quiso insistir en todo momento en sede judicial que su conocimiento de cómo se llevó a cabo y se fraguó la inversión en el programa informático «es reducido de primera mano» y ella, pese a que dio el «‘‘ok’’ inicial», defendió que les indicó: «Vosotros decidís». Su versión es que trasladó la decisión al comité de dirección de la tecnológica y la responsabilidad sobre el proyecto a tres trabajadores subordinados.

Uno era el aún director de Relaciones Institucionales de Google, Miguel Escassi, que entró en la tecnológica cuando ella era la líder desde el Ministerio de Economía y Transformación Digital, donde ejercía como asesor de la antigua vicepresidenta primera socialista Nadia Calviño. Y, por otro lado, en cuanto a la parte técnica, Miguel Rodríguez Bueno, jefe de proyectos, e Isaac Hernández, al frente del equipo de «Google Cloud».

La participación de Google en la plataforma –por cuyo uso también está imputada Gómez– duró hasta diciembre de 2023, un año de trabajo, en el que sí dijo que era consciente de que por él acabaron pagando en total 110.000 euros.

«Más de lo inicialmente previsto», desveló, que eran unos 40.000 euros, que fueron a parar directamente a la cátedra extraordinaria de la mujer del jefe del Ejecutivo. Justificó el sobrecoste con que la creación resultó «más compleja» de lo que esperaba: «Necesitamos financiar más horas de trabajo» para terminarlo y «para darle fin en plazos acordados».

Para todo ello, necesitaron desembolsar unos 70.000 adicionales, que esta vez optaron por entregárselos directamente a dos empresas que se encargaron de la programación, una de ellas Making Sciencie.

Clemares volvió a insistir en que ella no lo decidió y la aprobación de aportar más fondos fue cosa de Escassi y Rodríguez. «Fue el mismo equipo, al ver cómo progresan las cosas. Ellos dos toman la decisión», alegó.

También pudo dar detalles como que «el día a día sucedía con Begoña Gómez» y la «coordinadora» de uno de sus másteres, Blanca de Juan, y hasta de que la interlocución en torno a la consecución del software era «semanal».

A la antigua número uno de Google en nuestro país le consta, de igual forma, que «hubo reuniones con Begoña Gómez», pero afirmó no tener conocimiento de si se llegaron a producir encuentros con su marido, el jefe del Ejecutivo.

Con ella, concretamente, «sí me he cruzado y la he saludado como directora de Google», pero, seguidamente, negó que hablasen alguna vez «por este proyecto».

En otro punto de su testifical, Clemares confirmó un detalle que ahonda en los indicios de que la mujer de Sánchez se habría apropiado indebidamente del software, que es lo que investiga el juez Peinado en una parte de la causa.

La acusación popular le preguntó sobre «quién tiene la propiedad intelectual» en productos como estos en los que participa Google. La que fuera primera directiva de la multinacional habló claro: «Entiendo que es un software que desarrollamos para la cátedra y la universidad (UCM)».

Sin embargo, como obra en el sumario, el centro universitario nunca lo registró a su nombre ni hizo valer formalmente sus derechos sobre él. En cambio, se ofrecía en una web registrada por Gómez, que también patentó la marca que le da nombre y hasta constituyó una mercantil homónima.

En definitiva, pese a todos los detalles que ofreció sobre la participación de Google, empresa que ella dirigía, como posibilitadora económica del programa informático por el que se investiga a la esposa del también líder del PSOE, intentó desmarcarse de posibles responsabilidades o decisiones.

Lo hizo de tal manera patente que llegó a destacar que le gustaría dejar claro, para que se tuviese en cuenta, que sabe más de lo que conocía en su momento porque «he ido a informarme con el equipo para poder contestar» a las preguntas en su toma de declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Además, nunca valoraron a posteriori qué rédito les dio todo esto.