Tribunales

El juez Peinado pone la lupa en las empresas del «software» de Begoña Gómez

Semana clave en la investigación a la mujer del presidente: se centrará en la contratación y el uso que hizo del programa que le valió otra imputación

Comparecencia de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid © Alberto R. Roldán / Diario La Razón. 13 11 2024
Comparecencia de Begoña Gómez en la Asamblea de Madrid © Alberto R. Roldán / Diario La Razón.Alberto R. RoldánFotógrafos

Semana «clave» para la parte del «caso Begoña Gómez» en que se indaga si la mujer del presidente del Gobierno pudo incurrir en apropiación indebida e intrusismo profesional en el uso que hizo de un software que se desarrolló para la cátedra extraordinaria que codirigía en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), según las fuentes jurídicas consultadas por LA RAZÓN.

El «caso software», que se inició tras la querella presentada por Hazte Oír, vivirá este miércoles una intensa jornada de declaraciones de los representantes de tres de las empresas que participaron en la creación del programa, que supuso una inversión de en torno a 300.000 euros, y acabó alojado en una web (transformatsc.org) cuya titular era la esposa de Pedro Sánchez.

También se sentarán por segunda vez ante el juez Juan Carlos Peinado el vicerrector de la UCM, José María Coello de Portugal, y su antecesor en el cargo, Juan Carlos Doadrio. Se prevé, señalan las citadas fuentes a este diario, que pueden aportar información de interés sobre la razón de que la página web de la cátedra Transformación Social Competitiva fuese dada de alta por la coordinadora de uno de los másteres de Gómez en septiembre de 2022 y, 10 meses después, en julio de 2023, se transfiriese la titularidad del dominio a la mujer del jefe del Ejecutivo que, además, incluyó en el registro la dirección de su casa.

Acudirá, asimismo, en esta jornada al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid un representante de Arsys, la empresa desde la que se creó la web, y a la que Gómez dejó de pagar la cuota anual del servicio el pasado marzo. La web expiró el último 20 de septiembre, tras varios avisos de impago e intentos infructuosos de cobro en la tarjeta que consignó la mujer de Sánchez. Desde la acusación popular unificada, que lidera el letrado Javier María Pérez-Roldán, advirtieron al juez de que podría ser un borrado intencionado dirigido a hacer desaparecer la que podría acabar siendo una prueba de irregularidad en contra de Gómez.

En cuanto a las empresas que acudirán a ser interrogadas, apuntan estas fuentes que es importante que una de ellas, Indra, explique el motivo de que no se firmase el acuerdo sobre su participación en la elaboración del programa informático en el momento en que este comenzó (marzo de 2022). Como reflejan las actas de la Complutense, la participación de Indra no se formalizó hasta finales de ese año con la firma de una adenda. El foco estará también, en relación a un supuesto tráfico de influencias, en cómo se fraguó la participación

–además de Indra– de Telefónica y Google en la puesta en marcha de este software. Si fue a través de Gómez, como parece indicar un acta de la comisión de la cátedra en que ella hace saber a la Universidad que la financiación del programa está encaminada, ya que, señaló, había compañías interesadas en participar en el proyecto. Y si, en este caso, pesó su condición de mujer del inquilino de La Moncloa. Es, para ello, relevante aclarar quién acudía en nombre de la UCM a las reuniones que pudieron tener.

De igual forma, es de interés para la instrucción, explican estas fuentes, si hubo comunicación entre las tres empresas durante el desarrollo del software, dado que sobre el papel era una tarea para ejecutar de manera conjunta y coordinada. Las partes no dejarán pasar la ocasión para preguntar también a estas tres empresas si fueron en algún momento conscientes de que este programa, que crearon y cedieron luego para uso del centro universitario, acabó alojado en la web registrada a nombre de Gómez. Cuyo nombre, además, es el mismo que el de una sociedad limitada que la mujer del también líder del PSOE tiene constituida bajo su titularidad.

Se buscará, además, aclarar con Indra, Google y Telefónica quién asumió realmente la propiedad de esta plataforma de medición del impacto social –así se llama–, una vez se la entregaron, y qué tipo de contraprestación estiman que lograron con este acuerdo o si consideran que no recibieron nada a cambio. Si, por ejemplo, pudo tener que ver –ponen sobre la mesa estas fuentes– con decisiones del Gobierno, como la modificación a posteriori de la «tasa Google».

Por otro lado, como elemento de relevancia en la investigación judicial está la contratación «irregularmente» por la cátedra de Gómez del ensamblado final del software con otra empresa, Making Science, a la que se pagó por ello más de 20.000 euros. Este contrato se tramitó a petición de la «directora de la cátedra», Begoña Gómez, y «habiéndose producido una inobservancia absoluta de los procedimientos», como después resolvió una interventora de la propia Complutense.

En esta causa también investiga el juez Peinado si la mujer del presidente pudo haber cometido intrusismo profesional porque firmó unos pliegos técnicos de la contratación pública para la elaboración de este programa informático. Sin ser personal de la UCM y careciendo supuestamente de conocimientos técnicos. En su declaración, Gómez negó cualquier irregularidad y alegó que desde la universidad así se lo requirieron.