El general del "caso Mediador" descarta recurrir de nuevo su prisión

El general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa –el único investigado por el «caso Mediador» que se encuentra en prisión provisional– ha decidido no recurrir en apelación la medida de privación de libertad que le impuso la instructora el pasado 16 de febrero, y que ratificó hace solo unos días con el respaldo de la Fiscalía.

Según ha podido saber LA RAZÓN, tras reunirse ayer con Espinosa en la prisión de Estremera (Madrid), su defensa ha optado por no recurrir en apelación la prisión, a la espera de reiterar la petición de libertad cuando la instrucción esté algo más avanzada.

Y es que la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, acogió el criterio de la Fiscalía de que, de dejar en libertad a Espinosa, se asumía «un riesgo real de destrucción de fuentes de prueba». Un peligro que, lógicamente, va disminuyendo por el mero transcurso del tiempo una vez los agentes van haciendo acopio de documentos probatorios.

En todo caso, el hecho de no agotar la vía de recursos contra la prisión provisional acudiendo en apelación ante la Audiencia Provincial de Tenerife no significa que el general Espinosa –investigado por pertenencia a grupo criminal, tráfico de influencias y cohecho– asuma los hechos que se le imputan. Fuentes de su entorno señalan que sigue defendiendo su inocencia y negando que tuviera cualquier tipo de intervención en las adjudicaciones a uno de los empresarios investigados, José Santiago Suárez Esteve, «José Drones», cuando él estaba al frente del Proyecto Sahel.

En el auto en el que acordó su ingreso en prisión –una medida que la magistrada no pudo adoptar respecto al exdiputado socialista Bernardo Fuentes Curbelo, «Tito Berni», porque la Fiscalía no la solicitó y no había entonces ninguna otra acusación personada en la causa–, Lorenzo-Cáceres asumió los temores de la Fiscalía de que «la capacidad de influencia» del general jubilado pueda «perjudicar» la investigación de seguir en libertad. Y señalaba expresamente que se trata de evitar así «la posible ocultación o destrucción de pruebas» puesto que, subrayaba, están pendientes diligencias de investigación «directamente relacionadas» con el general y su patrimonio, así como la declaración de «múltiples» testigos.