Primero, el Gobierno expresó públicamente su rechazo a la condena del fiscal general del Estado. Después, el partido principal del Gobierno, la criticó con dureza. «Es una auténtica vergüenza», dijo el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. Más tarde, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un acto de Sumar, partido minoritario de la coalición, abogó, directamente, por una movilización para protestar contrala resolución del Tribunal Supremo.

En la televisión pública, se habló de golpismo judicial. También en Podemos. Grupos como ERC, Bildu, incluso el PNV, se han lanzado en tromba a criticar la condena a Álvaro García Ortiz. En definitiva, toda la izquierda político-mediática, poco a poco, va construyendo un relato contra los magistrados del Alto Tribunal, con un cuestionamiento sobre su independencia.

El objetivo final es agitar las calles contra el Poder Judicial, al que los miembros del Ejecutivo y sus afines quieren situar en el centro de la diana, como ya lo estuvo en tiempos del proceso independentista catalán. «Lawfare» es la palabra de moda, utilizada por el propio presidente, Pedro Sánchez.

Este sábado, en Madrid, durante la conferencia política de la plataforma que un día lideró, Yolanda Díaz hizo un llamamiento a la ciudadanía para movilizarse de forma «serena» y «pacífica» a favor de la democracia y frente a las derechas (donde situó al Supremo), cuyo único objetivo, denunció, es «desmovilizar a la gente progresista de este país».

En su intervención, recordó la expresión que antaño –en el previo a la tercera investidura de Sánchez– pronunció José María Aznar, «quien pueda hacer que haga», para atornillar su teoría: que los jueces de nuestro país actúan al dictado de los referentes políticos de la derecha. De la sentencia al fiscal, dijo que acarrea «un gigantesco descrédito» para el Poder Judicial, que se encuentra «fracturado» y que «ha suspendido sus funciones constitucionales para intervenir en política contra el Gobierno progresista de España».

«Efectivamente, quien puede hacer que haga. El punto de inflexión es que agarremos la democracia en nuestras manos, que somos más, que somos la mayoría de este país», reprobó la número tres del Consejo de Ministros, que estuvo acompañada por el ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, quien habló de «togados reaccionarios».

En todo momento, Díaz sostuvo que la condena al fiscal general del Estado forma parte de la estrategia de la derecha española para desmovilizar a los votantes de izquierdas. El «pueblo progresista», recalcó, siente «rabia y dolor porque está viendo que lo que está pasando es profundamente injusto». Una vez más, la vicepresidenta y responsable de Trabajo volvió a alertar de una posible llegada al poder de PP y Vox. «Para acabar con nuestros derechos».

Con estas declaraciones a los pocos días de conocerse un fallo histórico en democracia, Díaz se convierte en la primera representante del Ejecutivo que propone una manifestación contra los jueces, en boga por el sinfín de investigaciones judiciales que cercan a Pedro Sánchez en su entorno, su partido y su gobierno.