El Gobierno discrepa de la condena al fiscal general, pero nombrará uno nuevo "en los próximos días"

Pedro Sánchez ha perdido la batalla. Fuentes gubernamentales, poco después de conocerse este jueves la condena al Fiscal General del Estado por un delito de revelación de secretos en el caso de evasión fiscal de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, han asegurado que Moncloa "respeta el fallo, pero no lo comparte".

Por primera vez en la historia de la democracia española, el másximo responsable del Ministerio Público ha sido condenado por el Tribunal Supremo. La inédita sentencia le inhabilita durante dos años. En el Ejecutivo, no obstante, esperan a recibirla y leerla entera antes de posicionarse de forma más exhaustiva.

Aun así, el gabinete de Sánchez ha decidido mantener intacto su apoyo a Álvaro García Ortiz, a quien ha vuelto a defender: "El Gobierno desea reconocer su labor en defensa de la ley y la verdad en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado".

El Gobierno, en cualquier caso, explica que "en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de nombramiento" de un sustituto... o sustituta. "Será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho", zanjan.

García Ortiz, además de la inhabilitación, tendrá que sufragar una multa de 7.200 euros. Además, se le ha impuesto el pago de las costas procesales del juicio, así como una indemnización de 10.000 euros al empresario Alberto González Amador en concepto de responsabilidad civil.

Ahora, una vez confirmada su condena, el Gobierno usará la inhabilitación como munición para su guerra de resistencia, porque Pedor Sánchez no va a dejarse torcer el brazo pese a los innumerables frentes que le asedian.

El juez instructor considera que esa revelación de secretos vulneró el derecho a la intimidad del afectado —Alberto González Amador— y se habría producido, nada menos, que por indicación de Presidencia del Gobierno en una operación para “ganar el relato” y frenar la ofensiva mediática impulsada por el entorno de la presidenta madrileña que difundió una versión interesada de los hechos: que fue la Fiscalía quien propuso un pacto a González Amador.

Hace casi un año que el presidente Sánchez insinuó que la oposición tiene una conexión directa con buena parte de la judicatura y eso, razonó, permite al PP y a algunos de sus 'fontaneros', como el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, jugar con las "cartas marcadas".

Aquel comentario del líder socialista no sentó nada bien en el órgano de gobierno de los jueces, cuya presidenta, Isabel Perelló, tuvo que salir a defenderlos de las acusaciones de 'lawfare' de Sánchez, que lleva meses repitiendo desde que trascendieron la trama Koldo, las actividades profesionales de su mujer y de su hermano.

En la planta noble de Ferraz la sensación que atraviesa es la misma: que existe todo un enjambre de togas dispuesto a derrumbar al Ejecutivo casi a cualquier precio. Y que, además, actúa de la mano de la derecha política y mediática.

Moncloa, ahora que García Ortiz ha sido condenado, quiere que sea un mártir que enseñar en la plaza pública para demostrar a los progresistas de España que van a por ellos. La caída del fiscal es gasolina electoral.