El Gobierno pedirá medidas cautelares para limitar o interrumpir la actividad de la Fundación Franco

El Gobierno comunicará este viernes a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) la apertura del proceso para pedir su extinción, tras concluir que con su actividad hace apología del franquismo, humilla a las víctimas y no persigue fines de interés general, aunque será la Justicia quien tenga la última palabra, ante la batalla judicial que la entidad planteará, como ha anunciado en repetidas ocasiones.

A esta hora, no había llegado a la sede de la entidad en Madrid notificación alguna, aunque la esperaban a lo largo de la mañana, ante las noticias aparecidas en distintos medios de comunicación.

Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Franco comenzaron hace más de un año, en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.

En concreto, Cultura pidió un informe -con testimonios de víctimas del franquismo y de sus familiares- al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el Gobierno considera que la Fundación Francisco Franco incumple con la Ley de Fundaciones y con la Ley de Memoria Democrática.

Tras la recepción de estos informes, Cultura ha dado un paso más, al comunicar oficialmente hoy a la Fundación Franco el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la Justicia.

Lo hace a través de una resolución en la que desgrana las causas por las que en su opinión debe ser extinguida la fundación, que a partir de ahora cuenta con un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones ante el Ministerio.

En la resolución de 37 páginas, Cultura se basa fundamentalmente en el informe que emitió el pasado mes de mayo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el registro de fundaciones señaló que en su caso no era competente para identificar las entidades que deben ser extinguidas.

A su vez, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática aportó un informe de la Abogacía General del Estado, otro de un catedrático de Derecho Constitucional y testimonios de víctimas del franquismo, además de un análisis sobre la presencia de la Fundación Francisco Franco en los medios de comunicación.

Con todo este material, y tras analizar todo el contenido de la página web de la fundación, Cultura concluye que la entidad no persigue fines de interés general, que es uno de los motivos que pueden propiciar su extinción, ya que sus actividades "son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente" y proporcionan una visión "inequívocamente positiva del franquismo".

Pero, además, asegura que la Fundación Francisco Franco cumple con las otras premisas que pueden acabar con su extinción y que están recogidas en la Ley de Memoria Democrática: la apología del franquismo, el menosprecio y humillación a las víctimas, y la incitación directa o indirecta al odio y la violencia.

Para ello, pone como ejemplo la publicación de artículos por parte de la Fundación con un "prisma negacionista" y que "niegan o aminoran el alance de la represión", como uno titulado 'La mentira de los niños robados del franquismo'.

Medidas cautelares

Fuentes del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática consideran que han recopilado y aportado pruebas "suficientes y destacadas" para que el juez o jueza que lleve este proceso "no tenga más opción" que acordar la extinción de la entidad, informa Efe.

Añaden que su intención es acudir a la Justicia lo antes posible, sin necesidad de agotar el plazo de nueve meses con el que cuentan a partir de ahora, y que solicitarán medidas cautelares para limitar o interrumpir la actividad de la Fundación hasta que haya una decisión judicial sobre su extinción.

La Fundación Franco defiende que "jamás" ha incurrido "en menosprecio a víctima alguna y aún menos incitamos ni al odio ni a la violencia, tal como reflejan nuestros estatutos".

La entidad comentó en su momento que declarar su extinción sería contrario a la Constitución, pero fuentes de ambos ministerios recalcan que una cosa es la libertad de expresión y otra la creación de una fundación, lo que posibilita entre otros aspectos beneficios fiscales, algo a lo que aseguran que esta entidad no debería tener derecho.

Los jueces tendrán la última palabra, pero la Fundación Franco auguró a LA RAZÓN una "dura lucha en los tribunales". La Carta Magna "establece que todos los españoles somos iguales ante la Ley y garantiza la libertad ideológica así como el derecho de asociación, siempre y cuando no se incite al odio y la violencia", afirmó Juan Chicharro, presidente ejecutivo de la Fundación, para quien "la FNFF solo tiene vocación de servicio a la historia como institución cultural que es".