El Gobierno no presentará los Presupuestos hasta cerrar los votos de ERC y Junts

Once meses después de las elecciones generales, la legislatura sigue paralizada. Un calendario jalonado de procesos electorales y unos socios en continua disputa por la hegemonía de sus espacios han impedido alcanzar acuerdos para poner en marcha la agenda legislativa. Aunque en el PSOE se vanagloriaban hace unas semanas de que «el ciclo electoral había acabado» y que, ahora sí, podrían ponerse a funcionar con normalidad; lo cierto es que todavía queda una importante pantalla por dilucidar: la gobernabilidad en Cataluña. Hasta que el sudoku de la Generalitat no se acabe de resolver, el Gobierno no podrá afrontar sus planes inmediatos para los que necesita, irremediablemente, el concurso de ERC y Junts.

La siguiente meta volante, de la que depende la viabilidad de la legislatura, es la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025. El Ejecutivo es consciente de que éste es el salvoconducto para agotar el mandato –cumpliendo así la aspiración de Sánchez de aguantar hasta 2027– y también sabe que está en manos de los partidos independentistas para lograrlo. Por ello, pese a que desde Hacienda se ha trazado ya un calendario, que pasaría por tener el techo de gasto aprobado a finales de julio o principios de septiembre, para poder presentar «en tiempo y forma» las cuentas a la vuelta del verano, esto es, poder hacerlo en octubre; la realidad es que todo su «timing» pasa por lo que ocurra en Cataluña. Fuentes gubernamentales aseguran a este diario que los Presupuestos solo se presentarán en caso de que tengan asegurados los votos para salir adelante.

Es decir, Hacienda no llevará las cuentas al Congreso hasta que tenga garantías de que superarán la enmienda a la totalidad que, con toda seguridad, presentarán PP y Vox. De este modo, el Gobierno deberá, para entonces, tener atados ya los apoyos de ERC y Junts para evitar que la censura a los Presupuestos prospere. Las citadas fuentes lo confirman así: «No vamos a presentarlos para perderlos». Esta eventualidad supondría una contundente derrota parlamentaria que obligaría a tomar decisiones en clave de liderazgo. En 2019, Sánchez decidió activar el adelanto electoral con el veto de Esquerra a las cuentas como coartada, lo que supone un simbólico precedente a tener en cuenta.

Y eso supone un vínculo indisoluble con la coyuntura catalana. ERC y Junts no tendrán manos libres para apoyar al Gobierno hasta que no se resuelva el horizonte electoral. Las pretensiones de Hacienda de presentar las cuentas en octubre solo se cumplirán en caso de que no se produzca una repetición electoral, prevista para el 13 de ese mismo mes. Si los catalanes volvieran a las urnas, en el Ejecutivo ya asumen que todas sus previsiones saltarían por los aires y tendrían que retrasarse hasta que se clarifique la gobernabilidad. Y ni siquiera con el Govern conformado existen garantías de que los socios vayan a tener incentivos para respaldar al Ejecutivo, si alguno de ellos queda descolgado de esa fórmula de gobernabilidad.

Desde Junts ya han advertido al Gobierno de que dependen de sus votos y pueden condicionar este apoyo en el Congreso a lo que pase en Cataluña. Los socialistas no están dispuestos a abstenerse para que Carles Puigdemont sea presidente, lo que en la prática sería un suicidio político, por lo que solo quedaría por calibrar las consecuencias de ese veto. Desde el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda que los socios aseguran públicamente que lo que pase en la investidura nada tiene que ver con las cuentas. «Son cuestiones independientes», reivindica, aunque sepa que esto no obedece a la realidad. En todo caso, en el Ejecutivo mantienen su voluntad de tener los Presupuestos aprobados antes del 31 de diciembre. La ministra ya ha comenzado los trabajos y aspira a tener encauzados los apoyos cuando las cuentas desembarquen en el Congreso.

Después ya se irán incorporando las exigencias de los socios a través de enmiendas parciales, pero siempre con la garantía de que no decaerán en las enmiendas a la totalidad. «Hay mucho avanzado», reconocen en el Ministerio, recordando que los Presupuestos de 2024 ya se habían trabajado cuando se decidió renunciar a ellos por el adelanto electoral en Cataluña. Ahora, Cataluña vuelve a marcar los tiempos, aunque el Gobierno intente visibilizar autonomía en su hoja de ruta y tenga un calendario marcado para trasladar la sensación de acción ejecutiva y que la legislatura no sigue en «stand by» hasta que sus socios independentistas resuelvan sus cuitas en las urnas.

En plenas negociaciones con los socios para sacar adelante las cuentas se ha cruzado el pacto para renovar el Consejo General del Poder Judicial. El Gobierno ha abierto una ventana de oportunidad con el principal partido de la oposición que no está dispuesto a cerrar y, una vez desbloqueado el órgano de gobierno de los jueces, esperan seguir explorando esta senda de entendimiento para renovar otros organismos que también están pendientes, tales como el Banco de España, la CNMV, la CNMC o el Consejo de Administración de RTVE, aunque éste entrañe mayor dificultad.

Esta nueva etapa de interlocución con Alberto Núñez Feijóo ha generado recelos dentro de los aliados tradicionales de Sánchez, pero desde el Ejecutivo defienden que no cambia nada: «No cambia la mayoría» de la legislatura. Se aferran a que para grandes acuerdos –con mandato constitucional–, en los que es necesaria una mayoría reforzada se necesita irremediablemente el concurso del PP que es, además, la fuerza mayoritaria del Congreso de los Diputados. Para el resto de cuestiones, la aritmética seguirá siendo la misma, igual de precaria.