Es impunidad, no reconciliación

Lo del «no» al presupuesto catalán puede traer más cola de la prevista. El único con capacidad de convocar elecciones anticipadas era Pere Aragonès y, aunque el actual president de la Generalitat no tenía el menor interés en vérselas tet-a-tet con Carles Puigdemont como adversario, ha dado el paso. Tampoco quería que el cabeza de lista de ERC sea Junqueras, por mucho que se trate en realidad de su jefe. Por eso la operación comicios, con la excusa del revés presupuestario, le viene al actual mandatario catalán como un regalo. Se quedan fuera de juego tanto el fugado como su jefe de filas, permitiéndole optar a cuatro años más en el Palau, siempre y cuando se lo permita Illa. Y siempre y cuando el fugado no decida presentarse, lo que está por ver.

Una operación de primera, aprovechando el proceloso proceso de una ley de amnistía que, pese a aprobarse hoy en el Congreso, no deja de plantear incógnitas, empezando por el mismo material defectuoso del que está hecha, una acumulación de retales redactados al dictado del excolaborador de ETA Gonzalo Boye, también conocido por su relación estrecha con el narcotraficante Sito Miñanco. Boye es abogado de Puigdemont y, según qué lenguas, el auténtico inspirador, junto a Conde Pumpido, de eso que el Poder Judicial denomina «bodrio». Solo el tiempo y el Tribunal de Justicia de la UE dirán si lo es.

De momento, la Comisión de Venecia ha dicho lo que el Gobierno no quiere ver. Que una ley de amnistía puede ser legal y necesaria, pero según en qué escenarios. Tendría que promover la reconciliación de verdad y no ahondar en la división. La del 77 contaba con el acuerdo general, sin fisuras, y todo el mundo, salvo excepciones más que minoritarias, entendió que era buena para promover un nuevo escenario de convivencia. No dividía, sino que unía. Al contrario que la amnistía sanchiana, carente de respaldo global y apenas tramitada porque el presidente la necesita para seguir en Moncloa. Un tipo de corrupción política no menor que la corrupción económica de la trama Koldo-Ábalos, que el jefe del Ejecutivo pretende tapar estos días ensuciando otra vez la imagen de Isabel Díaz Ayuso, haciendo un uso escandaloso de la Agencia Tributaria y la Fiscalía General del Estado. Un uso personal, como evidenció el martes María Jesús Montero al hacer públicos datos del novio de la presidenta de Madrid que, en teoría, están protegidos por ley y solo la vicepresidenta podía conocer en su condición de ministra de Hacienda. ¿Quiere esto decir que la señora ministra usa a su antojo a la Agencia Tributaria con un fin partidista? Es lo que parece. Igual que parece que Sánchez se sirve de los siete votos de Junts con la única finalidad de seguir disfrutando del Falcón. Él y quien, amén del presidente, esté utilizando el avión. Según los registros, hasta en 39 ocasiones, desde marzo de 2021, los aparatos al servicio de Presidencia han aterrizado en República Dominicana. Curioso, porque el Ejecutivo sigue sin aclarar, vía Transparencia, el motivo de tanto vuelo a la isla caribeña, el porqué de esos viajes y la identidad de los viajeros.

Cuando no hay información circula la especulación. Y hay todo tipo de interpretaciones. Igual que con la amnistía. Acelerada y sin consenso, su única justificación es la impunidad para Puigdemont y su pandilla. Por mucho que la blinden de tapadillo, al final la tendrán que aplicar los jueces, como con la chapucera legislación del «sí es sí». De modo que la votación de hoy es el comienzo de un largo periplo procedimental. Ha hecho bien Aragonés en atreverse a anticipar las elecciones.