Los indicios contra Puigdemont que dividen a la Fiscalía

Hace apenas unos días, tras el varapalo de la Junta de Fiscales del Tribunal Supremo (TS) a la posición del Gobierno de Pedro Sánchez respecto a la investigación por terrorismo en la causa de Tsunami Democràtic, el ministro Óscar Puente intentaba restar importancia a la decisión de la cúpula fiscal, que por amplia mayoría ratificó tanto los indicios de terrorismo como la investigación al expresident. Para el titular de Transportes, lo relevante es el criterio del fiscal del «caso Tsunami», que reduce los altercados promovidos por la plataforma independentista en 2019 en protesta por la sentencia del «procés» a desórdenes públicos, abogando porque sean los juzgados catalanes lo que instruyan el procedimiento. «Es el especialista», argumentaba en referencia a su dilatada trayectoria en un tribunal como la Audiencia Nacional, especializado precisamente en delitos de terrorismo.

Pero el ministro olvidaba, quién sabe si por desconocimiento, que entre los 15 fiscales del Tribunal Supremo que debatieron la exposición razonada remitida por el juez Manuel García Castellón con sus motivos para imputar a Puigdemont se encontraban Javier Zaragoza, más de una década al frente de la Fiscalía de la Audiencia Nacional (entre 2006 y 2017), y Olga Sánchez, con tres lustros en la Fiscalía de ese tribunal y que, entre otras causas por terrorismo, fue la fiscal del 11-M.

Fueron ellos, precisamente, quienes –según las fuentes consultadas– acapararon las intervenciones más prolijas –y determinantes– y los que, desde su acreditada experiencia en delitos de terrorismo, expusieron a sus compañeros por qué los indicios recogidos en la investigación a Tsunami Democràtic justifican la investigación por terrorismo y que el Tribunal Supremo abra una causa contra Carles Puigdemont que podría comprometer que el manto de impunidad de la futura ley de amnistía no cobije, Tribunal de Justicia de la UE mediante, al líder independentista.

Ahora, será la teniente fiscal del Supremo –número dos de la Fiscalía y cargo de confianza del fiscal general– la que elaborará el dictamen definitivo que fijará el posicionamiento de la Fiscalía del alto tribunal. Pero al margen de las conclusiones de ese informe, que en todo caso no vincula a la Sala de Admisiones del TS, en cuyas manos está la decisión final a la petición de García Castellón, el «caso Tsunami» ha evidenciado la fractura existente en el Ministerio Fiscal respecto a la calificación jurídica de los hechos investigados y el sustento jurídico para imputar a Puigdemont.

Pero, ¿cuáles son esos indicios contra el líder independentisa cuya valoración por García Castellón, refrendada por los fiscales del Supremo, ha puesto en alerta a Junts y ha retrasado la tramitación de la proposición de ley?

García Castellón sitúa al expresidente de la Generalitat «en el vértice más alto de la organización» y le vincula con el «nacimiento y planificación» de las acciones de Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 –la toma del aeropuerto del Prat, el bloqueo del paso fronterizo de la Junquera en la AP-7, los actos violentos en la jornada de «huelga general» en Cataluña o las protestas en la jornada de reflexión de las elecciones del 10 de noviembre, entre otras–.

Los indicios clave que maneja el magistrado de la Audiencia Nacional, y que han sido avalados por la mayoría de la Junta de Fiscales –lo que supone un espaldarazo a su instrucción y a los argumentos que desgrana en su exposición razonada– se concentran fundamentalmente en la agenda y en las conversaciones de mensajería intervenidas al jefe de gabinete de Puigdemont, el historiador Josep Lluís Alay, hombre de máxima confianza del líder de Junts (viajaba junto a él cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018 en pleno regreso por carretera a Bruselas tras dar una conferencia en Helsinki).

Reuniones en Ginebra

Respecto a la gestación de Tsunami –a la que el juez atribuye graves alteraciones de la paz pública por poner en peligro la seguridad aeroportuaria y la integridad física de las personas en su asalto al aeropuerto del Prat–, el juez y la mayoría de los fiscales de la Sala Penal del Supremo juzgan relevante un mensaje remitido a Alay por uno de los imputados, Jesús Rodríguez Selles (al que se identifica con el usuario «Congestus» en la aplicación Wire), el 20 de agosto de 2019, ocho días antes del lanzamiento de la plataforma. En esa misiva le traslada que el 26 de agosto se darán a conocer los perfiles de «la campaña Tsunami Democràtic como respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo». «Supongo que desde Òmnium informarán directamente al presidente Puigdemont. Te lo avanzo para que tenga constancia», escribe.

Para el instructor, resulta «llamativo» que Òmnium Cultural informara directamente a Puigdemont, por lo que considera que ambos «podrían haber participado en la aparición de la organización». Sin embargo, para el fiscal del «caso Tsunami», Miguel Ángel Carballo, esa conversación demuestra que no estaba «al tanto» de los perfiles de la campaña de Tsunami ni participó en «su elaboración».

La investigación también sitúa a Puigdemont en las reuniones celebradas en Ginebra (Suiza) entre el 29 y 31 de agosto de 2019, en el seno de lo que el juez identifica –según esa comunicación entre Rodríguez Selles y Alay– como el «grupo de coordinación» de la campaña de Tsunami. En esa conversación se señala la necesidad de «trasladar la duda al president» sobre el lanzamiento de Tsunami. En la agenda de Alay constan varias citas en Ginebra en esas fechas.

Pero para la Fiscalía de la Audiencia Nacional, afirmar que en esos encuentros se planificaron las acciones de Tsunami no tiene «fundamento alguno». Ese cónclave independentista, defiende, se celebró para valorar las consecuencias de la futura sentencia del «procés». Oriol Junqueras y Quim Torra también asistieron, resalta el fiscal del caso, que ve «significativo» que a diferencia de Puigdemont no estén imputados.

[[H3:Discrepancias sobre su «dominio de la acción»]]

En la exposición razonada remitida al Tribunal Supremo, el instructor señala que una de las conversaciones –en este caso del propio Puigdemont con el empresario Josep Campmajó, también imputado– afianza ese «rol de liderazgo» en Tsunami Democràtic que le asigna al expresidente de la Generalitat. La conversación versa sobre la actitud de los políticos catalanes frente a la sentencia del «procés». En un momento dado, y tras sacar pecho por su presencia «en primera línea» de las protestas contra el fallo del Supremo, Campmajó le espeta: «O tú y Tsunami tomáis el control o tendremos que comenzar a gestionar el precio de las bajas». A lo que el líder independentista replica: «Intentamos que el Gobierno se ponga las pilas». Campmajó insiste en que están intentando que el Gobierno catalán «se ponga las pilas», pero le avisa de que los diputados «están cagados» y el Govern «acojonado». «Cierto. Y eso no es bueno», contesta el expresident.

Campmajó asume que las imágenes de los disturbios callejeros «no ayudan» a la petición de extradición cursada a Bélgica por el Tribunal Supremo para conseguir la entrega de Puigdemont. «Aunque es la p... realidad», apostilla. El líder de Junts intenta tranquilizarle: «La imagen exterior no es tan dramática como se ve en el interior». Y asegura que las protestas se ven fuera de España como «una reacción de indignación por unas sentencias escandalosas». El problema, asume, «puede venir si hay algún muerto, da igual de qué lado. Eso sería muy duro».

García Castellón enarbola estas palabras para inferir que Puigdemont «parece asumir la posibilidad de que pudieran haberse producido víctimas mortales y su capacidad, en tanto que ostentaba el dominio de la acción, para frenar esta posibilidad».

Los fiscales del Supremo tuvieron también en cuenta este indicio para posicionarse a favor de la investigación al expresident, pero la Fiscalía de la Audiencia Nacional no piensa lo mismo y –al igual que el fiscal del Supremo Álvaro Redondo, cuya ponencia fue rechazada por la mayoría de sus compañeros– y defiende que «no es posible atribuir» a Puigdemont ni al resto de investigados «fallecimientos, lesiones o daños» provocados por las protestas de Tsunami Democràtic, especialmente en lo que hacer referencia a la toma del aeropuerto del Prat y el bloqueo de la AP-7 en la Junquera.