En Europa, gobiernos de distintos colores están intentando poner freno a la llegada de inmigrantes con decisiones que tienen más similitudes que diferencias. El ejemplo más claro lo vemos en el Reino Unido. El primer ministro Starmer, socialdemócrata, se comprometió hace pocos meses a reducir la inmigración ante el temor de que el país se convirtiera en una «Isla de Extraños y no una nación que avanza unida». Hace un año, algunos hubieran apostado que esas palabras las había pronunciado Giorgia Meloni. Pero hoy estos dos países buscan reducir drásticamente la inmigración ilegal y seleccionar el tipo de migrantes legales que su economía y sociedad pueden absorber.

Mientras tanto, nuestro Gobierno se niega a abrir un debate que no caiga en el populismo-buenismo y que trate a los ciudadanos como adultos y no como adolescentes. La actuación del Gobierno de Sánchez dista mucho de la de Starmer. El único debate que le interesa es el de acusar de racista y facha a la oposición por rechazar el reparto de menores impuesto sin diálogo y por pedir que se bloquee el paso a las mafias que trafican con seres humanos. Sin embargo, hemos de aceptar que los dirigentes vascos y catalanes no son ni racistas ni, mucho menos, fachas por haber negociado que ninguno de los más de 3.900 menas hacinados en Canarias aterrice en Bilbao o Barcelona.

Los ciudadanos desconocemos qué ocurre con los otros inmigrantes que han llegado a Canarias, Baleares o Ceuta y Melilla y no son menores. ¿Cómo se les reubica? ¿Qué salida se les ha dado? De vez en cuando aparecen vídeos en las redes sociales de aviones o barcos cargados con migrantes trasladados a la península. La desinformación es el caldo de cultivo de los bulos y una herramienta que dominan los manipuladores.

Es necesaria una política de fronteras clara, que disuada la inmigración ilegal, corte las ayudas a los países que permiten operar a las mafias y afronte este problema no solo como una cuestión humanitaria, sino también de seguridad, pero del mismo modo hay que hablar sobre la inserción de quienes ya están dentro de nuestro país. Estas personas deben poder acceder a un puesto de trabajo que les permita vivir dignamente y no caer en la delincuencia o en otras mafias que los esclavicen en Europa.

Abordar la integración de la inmigración de origen ilegal es otra parte del problema que hay que afrontar. Los menas, los refugiados o los inmigrantes ilegales no pueden deambular por las calles, dormir en parques o aeropuertos sin posibilidad de salir de la marginalidad. Desplazar el problema de un lugar a otro es un parche que genera problemas de convivencia y da pie a posiciones polarizadas sobre este tema.

La despoblación galopante en algunas provincias y la falta de mano de obra en la agricultura, la ganadería y el sector servicios son otros dos grandes problemas que podrían atenuarse con una gestión audaz de estos potenciales trabajadores, que con la formación adecuada podrían contribuir a paliar los déficits de sectores clave para nuestra economía.

Según datos oficiales del SEPE, a finales de 2024 faltaban por cubrir más de 150.000 puestos de trabajo en un país que, a pesar de su alta tasa de paro –en especial juvenil–, no es capaz de atraer a estos desempleados hacia ofertas en profesiones como albañiles, camareros, vendedores de comercio, personal de logística y transporte, mecánicos o personal de cuidados a domicilio, entre otros.

Se podrá analizar si los sueldos y los horarios desincentivan la captación de trabajadores para estos perfiles, pero la realidad habla por sí sola: solo hay que pasearse por nuestra hostelería o ver quién cuida de nuestros mayores. Estas profesiones son rechazadas por los desempleados autóctonos y pueden convertirse en una oportunidad para esta inmigración que ya tenemos dentro de nuestras fronteras y a la que debemos dar una salida en beneficio de todos.

Si este déficit de profesionales es grave en las grandes ciudades españolas, solo tienen que dedicar unos minutos a hablar con pequeños empresarios de las provincias más despobladas. Algunos han logrado salvar sus negocios y aprovechar las oportunidades que su tierra aún ofrece contratando a extranjeros. En algunas pequeñas ciudades, el panorama ha cambiado en poco tiempo porque el reagrupamiento familiar ha permitido que familias con niños se instalen, sus hijos llenen las aulas y vuelva un cierto latido a sus calles.

La correcta gestión de la inmigración puede convertirse en un reemplazo demográfico en una sociedad envejecida y con una despoblación que afecta al 48 % del territorio. Intentar transformar en una oportunidad la llegada de inmigrantes supone un trabajo en común de todas las administraciones. Esa posibilidad parece, desgraciadamente, muy lejana cuando este tema se plantea solo a gritos y brocha gorda.