Un informe de la Comisaría General de Seguridad, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, señaló en 2008 numerosas deficiencias en la legación donde en 2015 murieron dos policías en un ataque talibán.

Un informe de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, dependiente del Ministerio del Interior, alertó en septiembre de 2008 del riesgo de una «intrusión no deseada», a consecuencia de las deficiencias de seguridad, en el interior de la sede de la embajada española en Kabul (Afganistán) donde un atentado talibán con coche-bomba, y el posterior asalto a la legación de tres terroristas, costó la vida a dos policías españoles y diez afganos el 11 de diciembre de 2015. El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz –que investiga por homicidio imprudente al entonces embajador en Kabul, Emilio Pérez de Ágreda, y a su número dos, Oriol Solá–, reclamó al Ministerio de Asuntos Exteriores todos los informes en su poder sobre la seguridad en la embajada, una decena de documentos que, finalmente, llegaron a sus manos el pasado febrero.

Tres riesgos genéricos

En septiembre de 2008, los expertos en seguridad de la Policía enviados tres meses antes a Kabul por Interior a petición del propio embajador avisan –tras analizar el perímetro, los accesos y las medidas en vigor– de tres riesgos genéricos: la comisión de un atentado terrorista, la generación de daños sobre el inmueble «mediante artefactos explosivos u otros sistemas» y la «presencia no controlada en el interior de la sede». Unas advertencias que, desgraciadamente, siete años después se demostraron proféticas.

Interior consideró entonces «conveniente el cambio de ubicación de los edificios que componen la embajada de España en Afganistán a una zona más amplia, con perímetro de seguridad». En caso contrario, enumeraba un buen número de medidas a adoptar «encaminadas a disminuir los riesgos existentes». Exteriores buscó durante meses otro emplazamiento para la legación diplomática, pero todos los esfuerzos resultaron estériles y, finalmente, optó por incrementar las medidas de seguridad en un clima de «gran inquietud e inseguridad general» por el «alto riesgo de comisión de ataques terroristas contra intereses españoles». Y es que nuestro país, reconocía la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, era «objetivo prioritario de los grupos terroristas islámicos».

Lista de deficiencias prolija

La lista de deficiencias detectadas por los agentes en su visita a Kabul es prolija. Sin ir más lejos, señalan que las dos puertas de acceso tenían que ser manejadas manualmente por «panshires», guardias locales de seguridad privada, «al encontrarse averiado el sistema de apertura y cierre motorizado».

En el apartado de riesgos y deficiencias, la Policía avisa de que la ubicación de los edificios de la legación «no se considera adecuada». Entre otros motivos, por el «paso de vehículos y personas no controladas a escasos metros del muro perimetral». Fue precisamente un coche-bomba empotrado contra el muro de la embajada lo que permitió el asalto de los talibanes al interior en diciembre de 2015.

Sin sistemas electrónicos

El informe también advierte de otras carencias: el fácil acceso a la legación desde las parcelas colindantes; el hecho de que desde inmuebles del entorno se pudiesen dominar visualmente algunas zonas de los edificios de la embajada, la poca altura de los bloques de hormigón para poder minimizar los efectos «de la onda expansiva de un posible ataque con artefactos explosivos» y su escasa distancia con el muro perimetral, que no cumplía la función de protección en caso de atentado. Incluso se alertaba de que el grupo electrógeno de la cancillería era «muy vulnerable ante un sabotaje».

Perímetro insuficiente

En cuanto al perímetro, se avisaba de que la altura del muro exterior era «insuficiente», al igual que la iluminación, y que la ubicación de las cámaras no era «adecuada» y hacían falta más para cubrir algunas zonas sensibles. También incidía la Policía en que la cancillería no disponía de sistemas electrónicos de seguridad «que eviten la comisión de un atentado mediante la colocación de explosivos accionados a distancia» con vehículos o motocicletas. Asimismo, hacía hincapié en que no había «ningún sistema electrónico que detecte una intrusión no deseada a través de las fachadas del muro perimetral» a la altura de uno de los edificios donde vivían los policías.

Los agentes de la Brigada de Coordinación Operativa de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana que se desplazaron a Kabul dejaron constancia de que no existía, en ninguno de los accesos al recinto, «un sistema de inspección de los bajos de los vehículos autorizados a estacionar en el interior de la parcela». La relación de carencias de seguridad en los accesos a la parcela y en el edificio de la cancillería es notoria: algunas puertas tienes averiado el sistema de apertura y otras carecen de medidas de seguridad electrónicas, las ventanas también adolecen de las suficientes medidas de seguridad y las dependencias policiales situadas en el semisótano carecen «de una caja fuerte para utilizar como armero». Más alarmante aún es la constatación de que el despacho del embajador no contaba «con ninguna medida de seguridad», unas deficiencias que también observaron los agentes en las residencias de los funcionarios y en el propio Centro de Control de Seguridad (CCS), donde «un monitor no es suficiente para visualizar todas las cámaras instaladas y las que se propondrán» y en el que no existía un cajetín para guardar todas las llaves del complejo. Tampoco había un sistema de detección de incendios y en una de las garitas los agentes locales no hacían guardia.

cuatro barreras aéreas

El Plan de Seguridad propuesto por Interior incluía la instalación de cuatro barreras aéreas que impidiesen el paso «a los vehículos no controlados» y la construcción de un nuevo muro perimetral situado al menos a cinco metros del existente. Enterrar los depósitos de gasoil, elevar un metro el muro existente con chapa metálica y una concertina de espino; instalar un inhibidor de frecuencias; reubicar cuatro cámaras de vigilancia y situar otras seis; instalar focos halógenos para iluminar mejor el perímetro de la parcela; dotar de una cerradura eléctrica a las dos puertas de acceso y situar una puerta blindada en la entrada a la cancillería son algunas de las iniciativas que puso sobre la mesa la Policía para reducir el riesgo de atentados en la legación.

El informe también aboga por instalar una reja de barrotes metálicos para delimitar el acceso a la zona consular y aconseja que el cacheo a los visitantes se efectúe fuera del nuevo perímetro «para minimizar los daños» si se inmolara allí un terrorista suicida.

En cuanto al modus operandi en el acceso de vehículos autorizados al interior, el informe estipula que siempre que uno de ellos vaya a entrar o salir de la embajada «las barreras aéreas propuestas en las calles permanecerán cerradas no permitiendo la circulación de ningún otro vehículo hasta que el primero haya abandonado las inmediaciones de la embajada». Sobre la seguridad interior, los expertos ven necesario que se establezcan rondas de vigilancias y que al Centro de Control sólo tenga acceso el personal de seguridad que preste servicio en el mismo.