La investigación de España y Marruecos no convence

«Tanto España como Marruecos han exonerado a sus fuerzas de seguridad tras investigaciones defectuosas o insuficientes sobre la violencia» en Melilla. Es la conclusión de la investigadora para Europa y Asia Central de la ONG «Human Rights Watch» (HRW), Alice Autin, al cumplirse un año de la tragedia registrada en la frontera entre Nador (Marruecos) y la ciudad autónoma española. Un episodio, que según el balance oficial de las autoridades del país norteafricano, costó la vida a 23 migrantes subsaharianos, aunque las organizaciones defensoras de los derechos humanos y expertos de la propia ONU elevan la cifra hasta casi las cuatro decenas. La delegación de Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), la más involucrada a la hora de llevar a cabo una investigación independiente sobre lo sucedido, sigue denunciando que hay 77 personas desaparecidas y que las autoridades marroquíes sólo han enterrado desde entonces a una persona.

Entre 1.300 y 2.000 jóvenes subsaharianos trataron de superar la valla en una tentativa abortada por las fuerzas de seguridad de Marruecos. «Aún se desconoce lo que le ocurrió a decenas de personas que intentaron cruzar», constata Autin. La ONG lamenta que no se ha llevado aún a cabo «una investigación creíble» ni se ha hecho «justicia» para las víctimas de la «horrible violencia policial y muerte de solicitantes de asilo y migrantes» registradas en las primeras horas del 24 de junio del año pasado.

Los medios de comunicación –la investigación de la BBC británica fue clave, denunciando que la Policía marroquí actuó en suelo español y que se produjeron muertes dentro de Melilla– y las ONG constataron el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad de los dos países.

Además de los fallecidos, cientos de heridos permanecieron durante horas sin asistencia médica, como recuerda HRW en un comunicado.La organización hace constar que los familiares de los desaparecidos denuncian la falta de acceso a la información oficial y de apoyo por parte de las autoridades marroquíes, además de que estas han impedido el acceso al país a algunas personas que buscaban a sus familiares. Y que a aquellos que sí pudieron entrar en Marruecos no les fue permitido el acceso a la morgue.

El fiscal general del Tribunal de Apelación de Nador informó al Consejo Nacional de Derechos Humanos de Marruecos, una entidad dependiente del Gobierno, de que las fuerzas de seguridad no hicieron uso excesivo de la fuerza ni de armas de fuego y que la causa de las muertes fue la asfixia provocada por una estampida. En un informe hecho público el 13 de julio pasado, acusaba a las fuerzas españolas de no haber socorrido a los migrantes que acabaron muriendo.

La organización con sede en Bruselas hace constar asimismo que escribió el pasado día 15 al Gobierno de Marruecos para preguntarle si está llevando a cabo una investigación independiente, pero no ha obtenido aún respuesta.

Según la citada AMDH, la Justicia marroquí ha condenado a al menos 87 personas acusadas, entre otros cargos, de «entrada ilegal en territorio marroquí», «reunión armada» y «violencia contra funcionarios públicos».

[[H2:«Ninguna responsabilidad»]]

Para Human Rights Watch queda, en fin, confirmado que «tanto España como Marruecos niegan su responsabilidad en las muertes y desapariciones». La Fiscalía española cerró su investigación de seis meses en diciembre de 2022. En visita a Rabat a comienzos de noviembre, el fiscal general del Estado aseveró que el resultado de la investigación sobre la tragedia se conocerían «en su momento y será conocido por la opinión pública».

La última vez que desde el Gobierno de Pedro Sánchez se hizo mención pública a lo ocurrido en la frontera melillense el 24 de junio de 2022 fue a finales del pasado mes de marzo. Entonces, ante la Eurocámara, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba «no tener que asumir ninguna responsabilidad».

«España, Marruecos y la UE no pueden seguir ignorando el sufrimiento causado por unas políticas migratorias perjudiciales (…) España debería liderar el impulso de un enfoque respetuoso con los derechos que incluya rutas seguras y legales, la rendición de cuentas por los abusos fronterizos y una fuerte condicionalidad en materia de derechos humanos para la cooperación con otros países», señaló Alice Autin, dirigiéndose al Ejecutivo de Pedro Sánchez –que asumirá la Presidencia del Consejo de la UE–.