El juez descarta medidas cautelares tras escuchar la denuncia por la posible compra de votos del PSOE en Arona

PP, Coalición Canaria y Más por Arona han ratificado en sede judicial su denuncia por una posible compra de votos por parte del PSOE en el municipio de Arona (Tenerife), una de las localidades salpicadas por los supuestos fraudes electorales que han agitado la recta final de la campaña del 28-M.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 del municipio tinerfeño, en funciones de guardia, ha escuchado los testimonios de los representantes de las tres formaciones, pero según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, tras esas comparecencias ha decidido –con el respaldo de la Fiscalía– no adoptar por ahora ninguna medida cautelar ni llamar a declarar a alguien como investigado.

El juzgado de guardia de Arona abrió ayer diligencias previas para esclarecer la denuncia que PP, Coalición Canaria y Más por Arona habían presentado 24 horas antes ante la Policía, en la que apuntaban a una supuesta compra de votos por parte del PSOE en el municipio.

Según explicaron las formaciones denunciantes en un comunicado, las sospechas las habrían levantado unos mensajes de Whatsapp de cargo de confianza del alcalde socialista de la localidad, José Luis Mena, a quien –según ponen de manifiesto a través de una captura de pantalla– uno de los participantes en un chat privado de la citada aplicación de mensajería le envió una foto con un sobre con el nombre del candidato socialista acompañado de este mensaje: «Manuel, el caballo y yo estamos contigo». A lo que el asesor del regidor replicó: «No esperaba menos. Los 50 euros cuando votes».

El PSOE ve la denuncia "sin fundamento"

El PSOE salió al paso de esas acusaciones replicando que la persona aludida desmintió en su cuenta de Facebook la existencia de una posible compra de votos para beneficiar al candidato socialista y enmarcó los hechos en una conversación en un chat de amigos. Según relató, un miembro de Más por Arona fue quien distribuyó ese pantallazo «cortado indiscriminadamente» para generar «un gran revuelo mediático» a través de una denuncia «sin fundamento sobre la compra de voto». De hecho, los socialistas estudian adoptar acciones legales contra sus promotores, a los que reprochan que pretendan alterar el resultado de los comicios.

Pero para las candidatas de las tres formaciones denunciantes –Clara María Pérez (CC), Fátima Lemes(PP) y Dácil León (Más por Arona)– lo sucedido «atenta contra los principales reglas democráticas», lo que les llevó a denunciar los hechos ante la posible comisión de un delito electoral.

En otro municipio canario, La Gomera, también se investiga un posible fraude electoral, en este caso en el voto por correo (como ha sucedido en Melilla y la localidad almeriense de Mojácar), pero como en el caso de Arona, por ahora la instrucción judicial no se dirige contra nadie en particular a la espera de la evolución de las pesquisas.

La Fiscalía Anticorrupción llegó a abrir diligencias el pasado día 19 para esclarecer lo sucedido, pero las archivó tras constatar que los hechos habían sido denunciados también en el Juzgado de Primera Instancia de San Sebastián de la Gomera, donde se habían abierto diligencias. Sin embargo, el instructor se negó a acordar la suspensión cautelar de los votos por correo en el municipio, como solicitó el denunciante.