El magistrado del caso Koldo, Leopoldo Puente, ha retirado el pasaporte a los dos empresarios a los que ha interrogado este lunes por el presunto amaño de obras públicas. Así, el que fuera directivo de Acciona, Fernando Merino y el dueño de Servinabar, Antxon Alonso, han quedado en libertad provisional tras ser interrogados en sede judicial, aunque el juez les ha impuesto medidas cautelares tales como la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado más cercano a su domicilio.

En sendos autos, el instructor del caso Koldo ha explicado que persisten sólidos indicios contra ambos por haberse beneficiado, presuntamente, de sus vínculos con la trama para adjudicarse contratos de obra pública. De lo plasmado en los autos conocidos este lunes se desprende que el magistrado no ha dado especial validez a los testimonios de los dos imputados, que han negado irregularidad alguna con las licitaciones bajo sospecha.

De Antxon Alonso el magistrado sostiene que los indicios que destapó la UCO en su último informe "en modo alguno" pueden considerarse desvirtuados" con la declaración de este lunes en sede judicial. Al respecto ha apelado a sus vínculos con Koldo García, con quien constituyó al 50% la cooperativa Noran Coop, y también a la creación de Servinabar, la empresa que se adjudicó las principales licitaciones investigadas en UTE con Acciona.

El documento firmado con su "buen amigo" Cerdán

Además, el juez otorga validez al documento que encontró la UCO en el registro de su domicilio el pasado 10 de junio según el cual Santos Cerdán habría adquirido por 6.000 euros el 45% de la firma Servinabar. Tanto el exdirigente socialista como el empresario han negado en sede judicial que dicho documento sea válido puesto que no se llevó ante notario. Ambos defienden que se firmó en un momento en que Cerdán barajó dejar la política pero que luego reculó y todo quedó en punto muerto.

El magistrado, sin embargo, no respalda esta teoría. "Es verdad que tanto don Santos Cerdán como el propio don Joseba Antxon Alonso han asegurado en sus respectivas declaraciones que decidieron después verbalmente resolver el contrato, sin elevarlo a público y sin que, en definitiva, llegara a ejecutarse (pese a lo cual, ese pretendido borrador se encontraba, sin embargo, fechado y firmado). No impresiona el documento privado como una simple manifestación, más o menos improvisada, de voluntad de la que después las partes se separaran transcurrido apenas un fin de semana", explica.

Además, asegura que "no se explica tampoco fácilmente el motivo por el cual don Joseba Antxon, buen amigo de don Santos según se proclama, conservaba el documento privado, tantos años después, en su propio domicilio", así como tampoco que posteriormente a la firma de la fecha, en 2018, interviniera Santos Cerdán en una donación desde Servinabar a Fiadelso, la fundación de José Luis Ábalos, que también está bajo la lupa de los investigadores.

"Ello determina la existencia de indicios bastantes para poder considerar que el mencionado don Joseba Antxon Alonso Egurrola podría haberse beneficiado, a cambio de un precio, en colaboración, al menos, con los investigados don Santos Cerdán, don Koldo García y don José Luis Ábalos, de la adjudicación de obras en beneficio de los intereses que promovía, hechos que, siempre con el carácter provisional que resultan propios del momento procesal en el que nos encontramos, pudieran considerarse como constitutivos de sendos delitos de integración en organización criminal y de cohecho activo", reza el magistrado.

Adjudicaciones "a cambio de un precio"

En lo que respecta a Merino, el instructor expone que hay indicios que de Merino, gracias a su relación con Koldo García, recibió información sobre la adjudicación de obras del Ministerio de Transportes, de la que se benefició Acciona. En concreto alude a la información que le hizo llegar el exasesor de Ábalos sobre el proyecto de la Ronda Sur de Logroño en el tramo Arrúbal-Navarrete, que, finalmente se adjudicó la constructora que preside José Manuel Entrecanales.

"Aparece indiciariamente justificado que don Fernando Agustín Merino pudiera haber tenido también, en relación ahora con la defensa de los intereses de una empresa distinta, Obras Públicas y Regadíos, con cuyos representantes mantenía relación de parentesco, intervención activa en la consecución de ciertas adjudicaciones en una obra en la localidad de Úbeda", dice el juez en relación con las adjudicaciones a OPR.

Por todo ello concluye que hay indicios para sospechar que pudo haber colaborado con Koldo García y José Luis Ábalos, para adjudicarse obras "en beneficio de los intereses que promovía".