Justicia, una herencia envenenada para el nuevo Gobierno

La convocatoria de elecciones abre la posibilidad de un hipotético pero imprescindible cambio de política en relación con el poder judicial. Si ese cambio se va a producir, o no, es algo que tendrá que decidir el pueblo soberano que acuda a votar en las condiciones menos favorables posibles que cabría imaginar, pero si finalmente se opta por el cambio, el nuevo gobierno va a recibir una herencia con más deudas que créditos. Nunca antes en la era democrática que se inauguró con la Constitución de 1978, el poder judicial había sido tan maltratado por un Gobierno y un Parlamento como lo ha sido durante la legislatura que ahora se acaba, con lo que ello ha implicado también de maltrato al Estado de derecho.

El trabajo que tendrán que llevar adelante el nuevo Parlamento y Gobierno para pagar las deudas de los anteriores no será titánico, pero sí tendrá que ser intenso, racional y con la mayor celeridad que permita la prudencia. De entrada, el nuevo gobierno tendrá que solucionar la grave crisis institucional producida con el CGPJ. Y los frentes de esa crisis institucional son variados. Primero, es necesario que, de manera inmediata, el CGPJ recupere las competencias de las que fue privado irresponsablemente, sin más explicación que el tacticismo de vuelo gallináceo de un gobierno que entendió que mutilar las instituciones constitucionales era un arma política admisible, aunque eso supusiera como efecto destrozar el Tribunal Supremo.

Después, será necesario reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial para adaptar el gobierno judicial a los estándares europeos de Estado de derecho, de manera que los miembros judiciales del CGPJ sean elegidos por los jueces. Esa adaptación no sólo es una necesidad y una obligación para cumplir con lo que exige nuestra pertenencia a la Unión Europea, sino que ante todo es una oportunidad. Es una oportunidad para impedir que pueda reiterarse en el futuro lo que ha padecido el CGPJ en esta legislatura: Europa puede ser paciente con la lentitud de España en cumplir con los estándares europeos, pero lo que no tolerará serán regresiones una vez que los estándares se cumplan. Pero sobre todo es una oportunidad para reconciliarse con el pasado y aprender de él, cuando se tuvo la oportunidad, y se desaprovechó, para reformar la ley e impedir de manera definitiva la politización del órgano de gobierno de los jueces.

Simultáneamente, habrá que abordar la necesaria reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. La regulación del fiscal general del Estado merece una reforma meditada. El espectáculo del nombramiento in extremis para una Fiscalía de Sala del Tribunal Supremo de la sra. Delgado, con el que el sr. García Ortiz cierra la legislatura, seguramente no ha sorprendido a nadie, y menos que a nadie a quienes desde el CGPJ entendimos que era una persona inidónea para el desempeño del cargo y así lo manifestamos públicamente. También puede ser el momento para decidir qué fiscalías de Sala merece la pena conservar y cuáles no.

El inquilino del ministerio de la calle San Bernardo tendrá que afrontar el caos de huelgas que le deja en herencia una ministra desaparecida y su equipo inoperante, que sencillamente ha renunciado a buscar alguna solución, y retomar el necesario pulso de unas reformas legislativas basadas en unas propuestas que no gustaban a nadie.

Pero la principal preocupación del nuevo Gobierno tiene que consistir en restablecer el respeto institucional, cuya pérdida tanto daño puede hacer a la confianza de los ciudadanos en el poder judicial. El futuro Gobierno ha de marcar la diferencia y conseguir que el insulto soez, el ataque populista y la crítica ignorante sean el recuerdo de un mal sueño.

José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial