El Juzgado de primera instancia número 60 de Madrid ha fijado para el próximo 27 de octubre el acto de conciliación que requirió el sindicato de policías nacionales JUPOL contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, por un presunto delito de injurias graves con publicidad. Hay que recordar que los agentes interpusieron una querella contra la podemita tras sus declaraciones durante los incidentes en Torre Pacheco (Murcia) en las que aseguró que las Fuerzas de Seguridad del Estado tienen "un serio problema de infiltración de la ideología neofascista".

Además, acusó a los agentes de promover "un terrorismo nazi de extrema derecha". Manifestaciones que se sumaban a un mensaje publicado el 21 de julio en la red social X, en el que acusó a la Policía Nacional de realizar "redadas racistas en cada parada de metro, en cada calle de este país", afirmando además la existencia de un supuesto "racismo institucional" en el cuerpo.

Desde JUPOL consideran que estas afirmaciones constituyen "un grave atentado contra el honor, la profesionalidad y la neutralidad política de los agentes de la Policía Nacional". Asimismo, apuntan que se trata de "acusaciones infundadas que buscan dañar la imagen pública de una institución que trabaja cada día con plena sujeción a la legalidad, sin discriminación alguna ni motivación ideológica".

El secretario general de este sindicato, Aarón Rivero, ha señalado que "la admisión a trámite de este acto de conciliación es un paso fundamental para frenar los ataques injustos y falsos que se lanzan desde determinados sectores políticos contra la Policía Nacional". Así, añade que "no se puede acusar a nuestros agentes de racismo ni de connivencia con ideologías extremistas sin asumir responsabilidades legales".

En este acto de conciliación, los agentes reclaman a Belarra una rectificación pública y masiva en medios de comunicación de ámbito estatal, así como disculpas públicas por las declaraciones y publicaciones injuriosas. Del mismo modo, el sindicato reclama "la eliminación inmediata del tuit del 21 de julio y su sustitución por un mensaje de disculpa", así como una indemnización de 30.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados a la imagen y honor de la Policía Nacional.

El sindicato advierte que, de no alcanzarse un acuerdo en este proceso, interpondrá una querella penal por injurias graves con publicidad contra funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones, agravantes que pueden conllevar consecuencias penales significativas.

En definitiva, desde JUPOL concluyen que el respeto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "es un pilar esencial en toda democracia" y que "ningún cargo público puede ampararse en su posición institucional para lanzar acusaciones falsas y ofensivas contra quienes velan día a día por la seguridad y la convivencia de todos los ciudadanos".