El abogado del ex president defiende que ha jurado su cargo por imperativo legal ante una autoridad belga, pero el organismo español obliga a acudir a España

Como ya había dictaminado la Junta Electoral Central (JEC), el ex president Carles Puigdemont y el ex consejero Toni Comín tenían que acudir hoy en persona al Congreso de los Diputados para recoger su acta como eurodiputado y acatar la Constitución tras ser elegido por la Candidatura de Junts Per Catalunya-Lliures per Europa. La obligación era contundente y no dejaba visos a ningún reducto empleado por los líderes independentistas para saltarse la norma legal y conseguir su acta como eurodiputado y a consecuencia de ésta, lograr sus derechos y privilegios que otorgan la condición de eurodiputado.

El propio organismo así se lo había comunicado al abogado del ex president Gonzalo Boye, el cual había solicitado a la JEC la “certificación acreditativa” de Puigdemont y de Toni Comín, ambos fugados de la Justicia. Hoy la defensa de ambos líderes independentistas ha tratado de acreditar al ex president y al ex consejero como eurodiputados portando unos poderes especiales concedidos por una autoridad de Bélgica, en los cuales se explicaba que éstos habían concedido el poder a Gonzalo Boye para acatar la Constitución en su nombre. Según ha explicado el propio abogado, Puigdemont y Comín ya habían acatado la Constitución en Bélgica. “Hemos venido con los poderes tanto de Puigdemont como de Comín y la promesa de acatamiento constitucional por imperativo legal hecha ante una autoridad belga", ha comentado a los periodistas.

Sin embargo, la Junta Electoral Central rechaza este hecho de pleno. Según el artículo 224.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), Carles Puigdemont estaba obligado hoy a volver a España para adquirir su condición plena de eurodiputado y según aporta a este diario el Director Académico del Centro de Documentación Europea de la Universidad de Alcalá, Fernando Lozano Contreras, no cabe posibilidad de jurar la Constitución ante una autoridad belga. “La única posibilidad legal es hacerlo en el Congreso de los Diputados”, refrenda. “La única posibilidad es que un miembro de la Junta Electoral Central (el secretario) se desplazara al lugar donde se encuentre el eurodiputado, pero este extremo solo es válido en caso de razones médicas o sanitarias”. Un escenario en el que no se encuentra ni Carles Puigdemont ni Toni Comín.

Ahora cabe preguntarse cuál será la decisión del organismo al constatar que Puigdemont no ha acudido al Pleno del Congreso. Pasados los cinco días desde la proclamación de los candidatos, -es decir hoy- y conforme el mismo artículo de la LOREG, la JEC “declarará vacantes los escaños correspondientes a los Diputados del Parlamento Europeo que no hubieran acatado la Constitución y suspendidas todas las prerrogativas que les pudieran corresponder por razón de su cargo, hasta que se produzca dicho acatamiento”, según explica el experto consultado.

Una vez transcurridos estos cinco días, afirma el profesor, la Junta Electoral Central no incluirá el nombre de Puigdemont ni de Comín en la lista que envíe al Parlamento Europeo con los datos de los eurodiputados que sí han acatado ya la Constitución. Al no ser una renuncia de los líderes independentistas, sino que ambos han decidido no presentarse a recoger el acta y jurar la Carta Magna, el experto considera que se produciría la declaración de los escaños vacantes por parte de la JEC y no habría posibilidad a sustitución de eurodiputados de la lista de JxCAT para la conformación del Parlamento Europeo.

El objetivo de Puigdemont hasta ahora era conseguir los plenos derechos de estos dos eurodiputados burlando la norma legal española que obliga a la presencia de éstos, pues en el momento que Puigdemont aterrice en España será detenido automáticamente pues sobre él pesa una orden nacional de busca y captura. Sin embargo, la defensa del ex president cree que el hecho de tener que jurar la Constitución en Madrid “es contrario a las normas de la UE”, al ser un trámite que no existe o no es obligatorio en otros países europeos. Sin embargo, el experto consultado por LA RAZÓN matiza que la ley española establece que aunque no es necesario recoger la acta en persona si lo es acatar presencialmente la Carta Magna ante dicho organismo. Y añade que “según el artículo 7 del reglamento interno del Parlamento Europeo, el ex president podría solicitar, teóricamente el amparo al PE, pero el problema es que, hasta que no jure presencialmente el cargo en España no será eurodiputado y, por lo tanto, dicha opción la tendría vedada”.